Un grupo comando se llevó un tramo del expediente judicial que reunía nueve años de investigaciones sobre el robo de las manos del cadáver de ex presidente Juan Perón (1946-52, 1952-55 y 1973-74), informó ayer el juez de la causa, Alberto Baños.
En esa parte de la investigación, el juez había desechado una serie de hipótesis y se había centrado en las pruebas que lo hacían pensar en que el robo de las manos del líder del Justicialismo había sido obra de la "inteligencia militar".
Precisamente, Baños estaba a punto de enviar a la presidenta Cristina Fernández un oficio en el que insistiría con reclamar la desclasificación de la información reservada sobre este tema que obre en poder de los organismos de inteligencia, según confirmó el abogado Atilio Neira, representante de la viuda de María Estela Martínez de Perón.
Baños denunció a la prensa que mediante "una operación de inteligencia", un grupo de personas ingresó a su domicilio y se llevó los expedientes que estaban en un portafolio.
El juez dijo que fue sustraída también su computadora personal y el teléfono celular, aunque sin tocar ni robar dinero, ni otros bienes o valores que había en la casa.
La tumba de Perón, trasladada en octubre del 2006 a un mausoleo en una finca familiar a 50 km al sur de Buenos Aires, fue profanada en junio de 1987 cuando estaba ubicada en el cementerio público de la Chacarita.
En aquella oportunidad, le fueron cortadas y robadas las manos pero tras un largo derrotero judicial, la causa no tiene acusados ni detenidos, en un hecho que fue considerado en aquel momento como una provocación política y un intento de desestabilización.
Actuaban en aquellos años poderosos grupos de militares 'carapintadas', que reivindicaban al terrorismo de Estado en la dictadura (1976-1983) y grupos de inteligencia al margen de las autoridades que conspiraban contra el entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1983).
El juez Baños denunció el nuevo episodio ante la Cámara del Crimen a través de un escrito con detalles pormenorizados.
Según el juez, los expedientes estaban en su casa porque preparaba un escrito para volver a reclamar al gobierno que levante el secreto en los organismos de inteligencia del Estado, para que aporten datos a la causa.
Tras el robo de los expedientes, el magistrado recibió además llamadas telefónicas anónimas en tono intimidatorio.
El primer juez que investigó el hecho murió en un accidente automovilístico sin esclarecer, en 1990, en extrañas circunstancias.
La causa por la profanación quedó archivada hasta que Baños, en 1994, reabrió la causa tras aparecer en una comisaría cercana al cementerio de la Chacarita un juego de las doce llaves necesarias para abrir el vidrio blindado que resguarda el féretro. (AFP/DyN)
