NEUQUÉN (AN).- El proyecto que limita la instalación de antenas de telefonía celular en la provincia del Neuquén puede prosperar sólo si se comprueba efectivamente que las radiaciones electromagnéticas son perjudiciales para la salud.

Así lo hizo saber la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Graciela Muñiz Saavedra.

La legisladora admitió que el proyecto de ley presentado por la Concertación que plantea las restricciones para la instalación de antenas de telefonía en las zonas urbanas en la provincia volvió a poner la discusión en escena. Sin embargo, para la diputada del MPN, antes de plantear prohibiciones es necesario ocupar los vacíos legislativos y "encontrar puntos de equilibrio".

Muñiz Saavedra consideró que es necesario realizar controles para verificar si efectivamente las radiaciones que se emiten representan un riesgo para la salud de las personas y del medio ambiente.

Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) Marcelo Inaudi y Eduardo Benítez presentaron, meses atrás, una iniciativa que, además de prohibir la instalación de antenas de telefonía celular en la zona urbana, en un plazo de seis meses retirar las que ya están funcionando.

Antes de que el proyecto sea analizado en la comisión de Medio Ambiente, Muñiz Saavedra anticipó el debate y convocó la semana pasada a un ingeniero en telecomunicaciones que se desempeña como asesor del secretario de Comunicaciones de la Nación, Héctor Del Carril.

La diputada del bloque mayoritario destacó la reunión en la que el especialista explicó que, por ejemplo, "hace más daño una antena de FM que las de celulares", según dijo Muñiz Saavedra.

No obstante, agregó que trabajará para "buscar puntos de equilibrio" entre las prohibiciones y la libre instalación de las antenas.

"Hay que ejercer un fuerte control y fiscalización para exigir que se respeten los niveles para que no sea perjudicial", señaló la presidenta de la comisión.

Muñiz Saavedra anticipó que el desafío será lograr una legislación provincial adecuada que permita actuar ante incumplimientos.