La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer al Estado Nacional, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y advirtió que sancionará con multas diarias si no cumplen la disposición en "plazos perentorios".
El Tribunal se pronunció en un fallo de 29 páginas, firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. La Corte consideró "urgente" la "recomposición de la cuenca del Riachuelo-Matanza" y definió tres objetivos para el saneamiento de la zona: "La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción".
El fallo dispuso la "realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la Cuenca Matanza-Riachuelo en un plazo de 30 días hábiles" e intimó "a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes para que presenten el plan de tratamiento, en un plazo de 30 días". En ese sentido, expresó que a partir de la presentación del plan de saneamiento de las empresas la autoridad de cuenca tendrá un plazo de 60 días para su aprobación y puesta en marcha.
Por otra parte, determinó un plazo de seis meses para la "ejecución de las medidas para impedir que se siga volcando residuos en basurales legales o clandestinos, que serán cerrados".
"En el mismo plazo (seis meses) deben erradicarse las habitaciones (asentamientos y villas) sobre los basurales y posteriormente impedir la instalación de nuevas habitaciones", manifestó el fallo, y dispuso la "erradicación, limpieza y cierre de basurales ilegales, en un plazo de un año".
Los trabajos de limpieza y saneamiento serán fiscalizados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en el que la Corte delegó el poder de policía para "garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento", manifestó el fallo.
La Corte dispuso que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, será "responsable de la formación y coordinación de un cuerpo colegiado integrado por representantes de las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa".
Asimismo, sostuvo que la designación tiene como objetivo "fortalecer la participación ciudadana en el control del cumplimiento del programa" de limpieza del foco contaminante.
El fallo determinó que "para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que se encuentran disponibles e informar al tribunal competente para la ejecución de esta sentencia en un plazo de 90 días hábiles". "El incumplimiento de la orden dentro del plazo establecido, importará la aplicación de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca", precisó.
La Corte criticó el denominado "plan integral para el saneamiento de la cuenca", presentado en una de las audiencias públicas convocadas por el tribunal, en las que reunió a las partes, entre ellas la secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Romina Picolotti. El tribunal consideró que las "deficiencias" del plan "quedaron de manifiesto en las sucesivas audiencias y dictámenes". (DyN)
