RONALDO ALFREDO VARELA (*)

Especial para "Río Negro"

ntre las enfermedades que afectan al ser humano, la adicción a sustancias, que no solamente es un grave problema social, cumple determinadas premisas básicas; esto es: consumo de sustancias, sintomatología que genera ese consumo, secuelas de todo tipo -sociales, metabólicas, personales, familiares, invasión de sistemas orgánicos indispensables para la vida humana de la persona, etcétera- y la respuesta de los sectores médicos de todos los tiempos para combatir esta enfermedad.

El primer inconveniente que se genera en este tipo de problemas médicos es algo inherente a la condición humana: la búsqueda del placer. Muy pocas veces la adicción es casual, es decir, "Por casualidad probé inhalar cocaína sin saber lo que era y, como me gustó el efecto, me encontré después de un tiempo siendo un adicto". La oferta del consumo desde hace mucho tiempo se ha constituido en la delincuencia más rentable de la humanidad y ha generado (cabe recordar que la cocaína tiene una larga historia en la humanidad y en la era moderna encuentra correlato en artículos de Sigmund Freud, quien no sólo fue estudioso del tema sino también consumidor -"Sobre la coca" 1884-; además fue comercializada entre 1880 y 1890 por Merck y Parke Davis), siempre dependiendo de la búsqueda del placer fácil que tenemos todos los seres humanos, el mayor número de esclavos de todas las épocas, porque la búsqueda del placer termina indefectiblemente en la necesidad de la sustancia -necesidad que ya trae consigo la categoría de enfermedad-.

Por ejemplo, con la cocaína, la industria delincuencial de los narcotraficantes efectúa más o menos un proceso como el siguiente: a los grandes cultivos de coca -que abarcan áreas importantes de Colombia y zonas de Perú y Bolivia- se agregan, por diferentes procesos, sustancias para obtener la pasta base de cocaína: querosén, ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, cal, ácidos, amoníaco, permanganato de potasio, éter, acetona y ácido clorhídrico... todo esto para procesar, por ejemplo, 250 kilos de hojas de coca y obtener uno de cocaína. Todas estas porquerías mezcladas -de las que se puede "bajar" en medio de los procesos pasta base o paco- son las que generan la enorme cantidad de adictos en tratamiento y la impredecible cantidad de delincuentes que todos los días aparecen en las pantallas de tevé o en las noticias de los diarios o las personas que no son delincuentes ni están en tratamiento pero consumen porque suponen que pueden controlar la enfermedad que, tarde o temprano, les va a generar inacción social, laboral y familiar o la muerte.

Con otras drogas la idea directriz no cambia. Tengan mayor o menor potencia, siempre terminan convirtiéndose en una carrera de consumo de la que sus competidores no tienen conciencia. No tienen conciencia de enfermedad.

El comienzo del consumo, si bien depende en materia de sustancias y edades distintas, por la estadística actual puede encontrarse entre los ocho y los diez años de edad en inhalantes -productos de dilución de pinturas, solventes, cemento de contacto, nafta, perfumes...- para luego continuar con marihuana -sustancia que hoy en día es más que fácil de conseguir en varios puntos de cada localidad- entre los doce y catorce o quince años y más tarde sumar -"sumar" significa variar pero no suspender los consumos previos sino agregar "lo que pinte"- toda la mezcla de sustancias de que provee el mercado: inhalantes, marihuana, psicofármacos, pasta base, paco, cocaína, ácidos (dietilamina del ácido lisérgico o LSD), perfumes, aerosoles y alcohol, siempre el alcohol, amén de otras sustancias -éxtasis, energizantes- que, mezcladas con éste, se transforman en trampas mortales dentro de la supuesta diversión adolescente.

Así están las cosas con los consumos... pero ¿qué pasa con las leyes que tratan este tema en la Argentina?

En nuestro país el consumo está penalizado. Últimamente se han generando comentarios o acciones específicas con respecto a la despenalización del consumo de sustancias -y todo el mundo piensa en la "inocente" marihuana, que "no hace mal a nadie", que promueve que "uno se ría"- sin tener en cuenta que de lo que estamos hablando es de la categoría de enfermedad de la adicción y de las consecuencias que el progreso de la enfermedad como carrera trae como erosionantes en la persona y en la sociedad.

Los diputados y senadores -todos ellos funcionarios pasajeros- no tienen, a mi criterio, la menor idea de lo que están hablando. Nosotros, los médicos, no nos metemos con el Código Penal o Civil, y esta invasión de ejercicios profesionales en cuanto a decidir como ley lo que otros van a sufrir o de lo que deberán hacerse cargo parece inapropiada.

Uno de los aspectos más temibles de estas ideas es pensar que el Congreso es el encargado de promover las leyes y las políticas de control de consumo de sustancias y de autorizar -o no- eventuales fondos para tratar enfermos caracterizados como drogadictos porque, si bien la Secretaría contra la Drogadicción y el Narcotráfico (Sedronar) es una dependencia

del Estado y responde directamente a la Presidencia de la Nación, las resoluciones del Poder Legislativo más de una vez motivaron cambios de intención política en lo que respecta a fondos que maneja el Ejecutivo. Y la Sedronar es, en la Argentina, la principal forma de cobertura de los tratamientos o programas de rehabilitación para adictos.

Una propuesta que debería hacerse para que vaya a hablar al Congreso la gente que sabe del tema es que cada provincia, llevando las estadísticas correspondientes y con médicos referentes e interlocutores válidos, tome las decisiones sobre despenalizar o no de acuerdo con las realidades médicas que la atención de cada lugar presente, y no creo que ninguna provincia asegure que no tiene ningún problema con este tema.

No sé si se entiende: si los funcionarios del gobierno no tienen la menor idea de lo que es tratar de lidiar con el drama personal de un adicto, porque no son médicos, psicólogos u operadores terapéuticos encargados de tratar estas patologías, deben promover que las decisiones a tomar respecto de estos temas las adopten los que saben.

En el país hay una interesante cantidad de gente que trabaja en esto. Hay instituciones que dependen de gobiernos provinciales o nacionales, lugares que tienen relación o contacto con instituciones que dependen de distintas religiones, comunidades terapéuticas en todas las provincias que tienen personas trabajando no hace uno o dos años: tienen historias de más de veinte años. Cualquiera de estos lugares debería ser, para la clase política, no gente que trabaja solamente en esto sino gente absolutamente necesaria como para preguntar si despenalizando se gana algo.

De la misma manera, el Congreso debería consultar a los jueces que manejan -es una manera de decir, puesto que a veces hay juzgados que no pueden dar solución a todos, por la enorme cantidad de casos y expedientes- los hechos delincuenciales que en altísimo porcentaje vienen acompañados por el consumo de sustancias. Si la opción es despenalizar, ¿cómo se evaluarán los hechos delincuenciales producidos durante el consumo de sustancias? ¿Habría una reducción de la pena?

La experiencia con respecto al libre consumo de alcohol nos muestra que legalmente muchas veces la responsabilidad queda atenuada por el hecho de la no conciencia de los actos generados por el consumo: si todos tienen acceso a la droga, ¿serán menos responsables por los actos que cometen?

Utilizando los mismos parámetros podríamos incluir la "despenalización" de enfermedades como el sida, la tuberculosis o los trastornos que provoca la esquizofrenia, puesto que si por "despenalizar" se entiende permitir que ocurran sin asignar a la prevención partidas presupuestarias absolutamente necesarias, podrían integrar la lista. Es más: creo que estas enfermedades ya están "despenalizadas".

Miembros del Congreso, dejen que los médicos, psicólogos y operadores terapéuticos que manejan los programas de rehabilitación hagan lo que tengan que hacer y ocúpense ustedes de cosas más trascendentes para el desarrollo del país, que para eso fueron elegidos. Actúen, eso sí, promoviendo todas las opciones de lucha contra el narcotráfico: ahí está el nudo fundamental, porque si distraemos a la opinión pública con lo que deriva de las consecuencias, las causas van a permanecer tranquilas hasta que las aguas se aquieten y luego reinstalarán su enorme negocio con el valor agregado de tener más libertades en el mercado.

Quisiera saber quiénes y cuántos de los legisladores que generan este tipo de propuestas han pasado por los dramas internos de alguien con trastornos de consumo en hijos, hermanos u otros familiares. No creo que nadie que sufra o haya sufrido los complejos trastornos que un adicto en la familia provoca sea capaz de levantar alguna bandera por la libertad de los consumos.

El rol del Estado es el de informar lo más posible acerca de las negatividades que produce el consumo de drogas, porque desde la búsqueda del placer es mucho más fácil que la droga entre en cualquiera de nosotros; desgraciadamente tiene esa ventaja. Se debe informar generando pensamiento desde todos los medios que el Estado tiene -escuelas, universidades, municipios, gobernaciones- para que en última instancia la penalización o la despenalización de los actos de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables corresponda a la más sincera decisión que una persona puede y debe respetar: la decisión de uno mismo.

(*) Médico especialista en Psiquiatría. Bariloche