NEUQUÉN (AN)- El Ejecutivo se apuró y presentó sin anuncio previo y antes que los concejales, la denuncia penal sobre la presunta falsificación de documento público por parte de un concursante que aspira una licencia de taxi. Los ediles habían anticipado que irían a la justicia y cuando llegaron, cerca del mediodía, presididos por el presidente del Deliberante Néstor Burgos (UCR), se llevaron la sorpresa. Lo que sí pudieron es entregar las copias del expediente, que el Ejecutivo no había presentado.

Burgos giró notas a la municipalidad, a Rentas de Neuquén, al Tribunal de Faltas y a la Policía pidiendo información para corroborar los datos dados por los 63 postulantes, ante la presunción de falsedades y de puntajes mal asignados por la comuna.

"Claro que fue una sorpresa pero dada la situación, al gobierno local no le quedaba otra chance que ponerse al frente", opinó el concejal Darío Martínez (PJ), en alusión a la trascendencia pública.

Pero Martínez puso en duda que la municipalidad entregue la documentación requerida por los concejales para saber si los puntajes fueron bien adjudicados, de lo cual depende en buena medida el orden de prelación de los choferes en la nómina.

Fernando Palladino, subsecretario de Servicios Públicos Concesionados, realizó la presentación en la Fiscalía general para denunciar a los postulantes Luis Valenzuela y Abelardo Echeverría por presunta adulteración de certificados de libre deuda expedidos por Rentas.

El funcionario dijo a "Río Negro" que la denuncia no fue hecha antes porque "recién el lunes pudimos ver la documentación" en el Deliberante y "ayer (lunes) pedí información a Rentas. Obviamente no podemos formular una denuncia sin fundamentos", agregó. Sostuvo que "no hay irregularidades que puedan imputarse al área de Transporte".

"Me parece una payasada y me origina dudas que Burgos, que es del mismo signo político que el Ejecutivo y reemplaza al intendente, no se hayan puesto de acuerdo en la presentación", disparó Marcelo Bermúdez (Recrear). "El Ejecutivo reaccionó, tarde pero reaccionó y logramos que se dé cuenta de la existencia de delito público que negaba", agregó.

El Deliberante tiene plazo hasta el 31 para analizar las carpetas de los postulantes, porque ese día debe tratar necesariamente la aprobación o no de las licencias. Al plazo se lo autoimpuso al ingresar en la última sesión un despacho adjudicando los permisos a los aspirantes, incluso los sospechados.