Con el correr de los días -55 ya- la toma de las 120 Viviendas del IPPV se transformó en un escenario de experimentación donde se dirimen intereses muy distintos a los de su origen y las autoridades provinciales improvisan estrategias peligrosas que desdibujan a las instituciones.

Lo paradójico es que, al igual que el objetivo electoral que disparó la ocupación -y se replegó luego dejando a decenas de familias en un callejón sin salida-, la contienda actual tampoco tiene en cuenta las necesidades de la gente que aguarda soluciones a uno y otro lado del conflicto.

Abogados y dirigentes involucrados en la causa atribuyeron la paralización del conflicto a la disyuntiva que enfrenta el gestión de Miguel Saiz entre disponer el desalojo compulsivo y cargar con el estigma de un posible herido o negociar, ceder recursos y con eso alentar nuevas tomas.

Según información extraoficial que maneja la policía, en Río Negro hay unas 800 tomas urbanas y rurales sin resolver. La ocupación de las 120 de Bariloche es la primera que se judicializa y su definición, sea cual fuere, sembrará un antecedente ineludible para un gobierno que enfrenta una creciente crisis

habitacional con recursos insuficientes y políticas inadecuadas.

En ese marco cobran nuevo sentido las dilaciones y ambigüedades del Ejecutivo provincial que alentó la judicialización del conflicto, eludió las instancias de mediación y terminó retaceando la colaboración al juez que resolvió un problema netamente social y político por la vía del desalojo.

El último argumento esgrimido por el jefe de la Policía, Víctor Cufré, para justificar la demora frente a la orden del juez Calcagno, da cuenta de que la fuerza camina en la cornisa del incumplimiento.

Cufré aseguró que no se pudo trasladar a los efectivos especiales ya que "no se consigue lugar (para alojarlos), estamos en alta temporada y no se consigue si no hay reservas previas" y remarcó además que "es carísimo".

Es significativo que en una temporada turística floja como la presente, el jefe de la Policía no consiga dónde alojar a sus subalternos. A menos que los efectivos del Bora sólo puedan alojarse en establecimientos de alta categoría o estudiantiles, únicas franjas hoteleras que promedian el 80% de ocupación.

La respuesta brindada a la prensa por Cufré para salir del paso orilla la burla. Una excusa tan burda como las reflexiones del ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, que, de paso por la ciudad, volvió a disculpar a la policía y negó un quiebre institucional con la justicia en el mismo tono que confirmó el acompañamiento de la "mediación" con los ocupantes.

Aunque el ministro se empeñe en negar un quiebre institucional con la justicia, hay una causa paralizada y un juez penal despojado de autoridad por la indefinición de la fuerza pública que él mismo justifica y ampara.

La justicia no queda exenta de responsabilidades en el peligroso juego.

MARCELA BERDÚN

marberdun@hotmail.com