VIEDMA (AV)- Los altos alquileres que paga el Estado para el funcionamiento de sus organismos siguen generando preocupación y alarma. Ahora fue la defensora del Pueblo, Ana Piccinini quien alertó sobre la cuestión y exigió al gobernador Miguel Saiz que establezca un tope en las erogaciones por ese concepto, con el objeto de poder destinar mayores recursos a Salud y Educación.

Cabe recordar que "Río Negro" publicó el pasado 27 de abril un extenso informe sobre este tema que provoca inquietud, fundamentalmente en esta capital, donde se sabe que lo que se paga por la renta de oficinas y edificios ocupados por organismos públicos asciende a montos exagerados.

"El vínculo contractual entre los particulares y el Estado, para el caso de las locaciones destinadas al cumplimiento de sus fines, es de derecho público", expresó Piccinini en una resolución emitida ayer. En consecuencia, el Estado debe ejercer dicha potestad de control y fijación de precios conforme a las pautas del derecho que la rigen, según la defensora.

Piccinini afirmó que pretender la existencia de "un libre juego de oferta y demanda donde la imperiosa necesidad de prestar un servicio a la comunidad da paso a la especulación de un grupo de individuos que se aprovechan de la situación para lucrar excediendo varias veces lo razonable para la actividad comercial que despliegan, torna un abuso de posición dominante del mercado que debe ser torcida por los gobernantes".

Frente a este panorama, la defensora resolvió promover una investigación sobre los hechos y recomendar al Poder Ejecutivo ponga tope a los montos abonados respecto de las locaciones realizadas por el Estado en cumplimiento de sus fines. Además solicitará un informe detallado a la Dirección de Suministro sobre los pliegos de bases y condiciones, las ofertas ganadoras, las actas de adjudicación y contratos suscriptos desde julio de 2007 a junio de 2008. Otro informe se pidió a la Contaduría General y otro a la de Obras y Servicios Públicos, órgano que debe justificar la razona

bilidad del gasto, frente a cada propuesta particular.

Señala que corroboró que "en la licitación pública Nº 17/07 se abona la suma de $ 789.000 por un inmueble en el radio céntrico de Viedma de 800 m2 y por 24 meses de contrato, lo que equivale a $ 32.890 mensuales; monto que excede largamente los valores históricos que se abona por locaciones".

Piccinini cita a la Constitución Provincial en su artículo 47 y a la Ley 3186 que establece que "los funcionarios competentes para contratar serán responsables de que quede demostrada la razonabilidad del precio.

Aunque la defensora se manifiesta sobre un caso específico, se sabe que existen muchos alquileres que afronta el Estado que provocan dudas acerca de esa razonabilidad. Muchos edificios nuevos parecen haber sido especialmente construidos con el fin de ser alquilados al Estado, lo que también genera controversia.

"Río Negro" publicó el 27 de abril que la falta de planificación estratégica del Estado, aprovechada por la ambición especulativa de particulares provoca distorsiones en el mercado inmobiliario que afectan a los ciudadanos comunes en la capital. Los alquileres que paga el gobierno provincial, tanto para su funcionamiento específico, como para residencia de autoridades, encarecen y limitan la oferta para el resto de los potenciales inquilinos.

Sólo el Ministerio de Educación, por sus necesidades específicas, requirió últimamente unos 110 mil pesos mensuales para cancelar obligaciones de alquiler en la capital.