NEUQUÉN (ACE).- Un total de 17 militares, policías provinciales y gendarmes habían sido detenidos hasta ayer en el marco de la investigación del tercer tramo de los crímenes cometidos durante la dictadura en la región.

"Hay detenciones en marcha en todo el país", indicó una alta fuente judicial. Sin embargo no se dieron más precisiones.

Se supo que son más de 30 las indagatorias para este tramo, de las cuales 8 corresponden a los militares que ya están procesados y a la espera del juicio oral por 17 víctimas, que se desarrollará en agosto.

Mientras esperan el juicio, los militares retirados Enrique Olea, Oscar Reinhold, Luis Farías Barrera, Mario Gómez Arena, Jorge Molina Ezcurra, Francisco Julio Oviedo, Sergio San Martín y el médico Hilarión Sosa serán indagados por las detenciones y torturas a otras 30 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas.

Por la edad tienen arresto domiciliario en Buenos Aires (y serán trasladados para la indagatoria) Olea, Reinhold y Gómez Arena; Sosa y Farías Barrera en arresto domiciliario en Neuquén; mientras que Molina Ezcurra y San Martín serán traídos desde el penal de Marcos Paz, y Oviedo desde la cárcel federal de Roca.

Uno de los primeros detenidos para este tramo fue el capitán Roberto Maier, que vive en Neuquén y que se negó a declarar durante la indagatoria que se cumplió el viernes. Hasta que se defina su situación procesal, está detenido en la policía federal de Neuquén.

El militar retirado está imputado por las detenciones ilegales y los secuestros cometidos en la zona de Cutral Co, como también por las torturas sufridas en la comisaría de la comarca petrolera en junio de 1976.

De los detenidos que se conocieron hasta ayer, cuatro son retirados del Ejército: uno fue hallado en San Martín, provincia de Buenos Aires; otro en la capital federal, uno fue detenido en la ciudad de Neuquén y otro en Zapala.

De los policías imputados, tres retirados rionegrinos fueron detenidos: uno en Roca y otros dos en Viedma. Según fuentes confiables, uno de los detenidos sería Antonio Camarelli y el otro, Miguel Ángel Quiñones; ambos sindicados por las víctimas como integrantes de grupos de tarea que se desempeñaban durante las torturas en la comisaría de Cipolletti en 1976.

También se detuvo a un

gendarme en la capital federal.

A todos los imputados se les pidió la detención para que declaren ante el juzgado de Guillermo Labate, ya que como están acusados de delitos de lesa humanidad, si luego de la indagatoria se los procesa, su condición no es excarcelable.

En este tramo de la investigación, el juez avanzó en la responsabilidad por secuestros, torturas y tormentos cometidos contra jóvenes que vivían en Cutral Co, otros que fueron detenidos ilegalmente en Roca, Cipolletti, Cinco Saltos y Cordero; y las otras víctimas corresponden a jóvenes capitalinos ligados a la actividad universitaria.

Algunas de las víctimas fueron trasladadas desde Cutral Co después de fuertes golpizas y apremios que sufrieron en la comisaría, por parte de policías, personal vestido con uniformes de militar y otros sin uniforme que actuaban armados y con capuchas.

Lo mismo ocurrió en la comisaría de Cipolletti en 1976 y 1977. Desde allí algunas de las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén capital; otros llevados al centro de torturas del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca; mientras algunos de los secuestrados fueron llevados a la cárcel neuquina U9 como presos políticos.