LA PAZ (AFP) - Los prefectos opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija) anunciaron ayer que se someterán al referendo revocatorio de mandatos de autoridades bolivianas en agosto, pese a que la semana pasada habían anunciado su rechazo a la consulta.

"Definitivamente vamos a ir a ese referendo revocatorio de la imposición y el capricho del presidente de la República (Evo Morales)", afirmó Costas en conferencia de prensa, en la ciudad de Santa Cruz, a 900 km al este de La Paz, tras una reunión con su colega de Beni.

La posición surge después de que los dos prefectos más los de Pando, Tarija y Cochabamba decidieran la semana pasada no acudir al plebiscito convocado para el próximo 10 de agosto, porque no desactivaría la crisis política boliviana. "No es responsable de nuestra parte no ir al referéndum revocatorio, vamos a ir, aunque con esto no se dan soluciones al país", reiteró Suárez, la primera autoridad política de su región Beni, en la Amazonia boliviana. El prefecto de la región gasífera de Tarija (sur), Mario Cossío, afirmó horas después que "hemos tomado la decisión de ir al referendo" del 10 de agosto, aunque no precisó si sus otros dos homólogos, Manfred Reyes (Cochabamba) y Leopoldo Fernández (Pando), se someterán al plebiscito venidero.

La oficina de prensa de la Prefectura de Cochabamba dijo que las autoridades locales estaban reunidas, evaluando qué posición asumirán, la que será comunicada, probablemente, en las próximas horas.

El gobierno de Morales calificó de una cobardía la primera declinación de las cinco autoridades rebeldes, que aspiran a convertirse en gobernadores, pues -argumentaba- rehuían el veredicto popular.

En tanto, la oposición intenta modificar la ley de referendo revocatorio del 10 de agosto para aceptar ir a esa consulta popular . "Propondré a los prefectos (gobernadores) que sí vayamos al referendo revocatorio para que el pueblo hable otra vez, pero con igualdad de condiciones para todos", señalo el prefecto de Tarija, Mario Cossío La ley de convocatoria del revocatorio, aprobada por el Congreso boliviano a principios de mayo establece que para ser cesado en el mandato hace falta un voto más que los que obtuvo para ser elegido en el cargo. Por lo tanto, para echar al presidente y vice hace falta un voto más que el 53,7% que lograron en 2005, pero para hacer lo propio con los prefectos de la oposición sólo hace falta entre el 38 y el 48% más uno, porque ninguno de ellos superó esos porcentajes.