El kirchnerismo debió postergar hasta hoy su deseo de aprobar el dictamen de las retenciones móviles en las comisiones de la Cámara de Diputados, y la propuesta volvió a quedar sujeta a recibir más modificaciones para garantizar su respaldo en el recinto.

La nueva estrategia de los K sería mantener la polémica resolución 125, aunque accediendo a una nueva concesión que pasaría por excluir de la actual alícuota de las retenciones móviles a los productores que cosechen hasta 1.000 toneladas de soja o girasol (y no hasta 750 toneladas como hizo circular anteayer el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi).

También se tratarían medidas complementarias como la ley de arrendamiento. El objetivo apunta a fracturar a la Federación Agraria, lo cual a esta altura -por la dimensión política que tomó el conflicto- no parece una misión sencilla.

La decisión del bloque K de postergar, se conoció anoche, cuando, a las dos horas de iniciado el debate, el plenario de las comisiones de Agricultura y de Ganadería pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta hoy a las 10, aunque todavía quedaba una larga lista de oradores por disertar.

El debate se terminó abruptamente cuando los diputados kirchneristas recibieron la "orden" desde la Rosada de poner toda la "carne en el asador" para acelerar los pasos y que el viernes se trate en el recinto el proyecto oficial.

Tras la comunicación, los legisladores oficialistas partieron raudos a una reunión secreta.

En la oposición no se observó ayer un panorama claro. Si saben que existen maniobras desde las esferas del poder para forzar definiciones minuto a minuto.

Incluso se especula que si en las próximas horas el oficialismo consigue sumar voluntades suficientes, hoy se "bajarían" los diputados oficialistas a los que les resta hablar, Cantero cerraría el debate, y se sacaría el dictamen de mayoría.

Resisten

De todos modos, los números están ajustados lo cual sigue obligando al oficialismo a moderar su entusiasmo. El bloque del ARI, que entre otros integran Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi insisten en que no respaldarán la iniciativa oficial dado que sigue fijando retenciones muy elevadas a medianos y pequeños productores.

Además, quieren incluir una cláusula que establezca la nulidad de la resolución 125 y reafirme la facultad del Congreso para establecer derechos de importación y exportación.

También un frente de diputados de Córdoba (que responden al gobernador de esa provincia) y de Entre Ríos votarán en disidencia. Lo anunció el diputado de Unión por Córdoba, Jorge Montoya. "Vamos con un proyecto que establece el 39,5 % de retenciones para la soja y un 5 % como impuesto a las ganancias, coparticipable". También los diputados progresistas Claudio Lozano y María González insistían en que la propuesta del gobierno es "insuficiente".

Los representantes del MPN, Alicia Comelli, Hugo Acuña y José Brillo prefieren esperar. "Hay que ver como sale el dictamen del oficialismo para pronunciarse, lo ideal era suspender la resolución cuestionada, pero no prosperó, ahora hay que buscar la mejor salida para evitar que continúe el conflicto" coincidieron

El representante de PRO, Esteban Bullrich fue contundente con un dato sobre las sospechas al mecanismo de reintegros. "En lo que va del año solo 3 productores recibieron las compensaciones de 73.000 pequeños, los reconoció la ONCAA".

A modo de advertencia de que lo peor todavía puede pasar, el legislador bonaerense Jorge Sarghini advirtió: "Si se ratifica la resolución 125, más allá de las consideraciones hay algo seguro: el conflicto crecerá".

La jornada pintaba complicada desde el inicio: el plenario de las comisiones comenzó con una hora y media de demora porque el oficialismo se encontraba reunido para elaborar el proyecto, cuya versión final no presentó, y del que tampoco pudo tener dictamen, pese a que el martes a la noche se aseguraba que hoy iba a tener despacho.

El primero en abrir el fuego fue el oficialista chubutense Juan País, quien fustigó a la oposición al recordar que el 26 diciembre pasado el cuerpo por unanimidad aprobó la llamada ley Martínez Raymonda que en su articulado "convalidó las retenciones del 35 por ciento" y defendió ese tipo de herramientas económicas "que no son confiscatorias" (ABA/DyN)