CIPOLLETTI (AC).- La familia de Jorge Luis Ortiz, el joven que fue asesinado a golpes en el predio del ferrocarril de Cipolletti en 2001, siente indignación. Por un lado, porque a fines del año pasado el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal de Cámara y declaró la responsabilidad penal de la única imputada como autora del delito de "homicidio preterintencional", no homicidio doblemente calificado, como pretendían. Por otro, porque hace unos días visitó al juez de instrucción en Roca y constató que la causa estaba "prácticamente paralizada".

Ana Silva, madre de la víctima, comentó que "hace exactamente un año" le presentó el nombre de un testigo al fiscal Miguel Fernández Jhade con la intención de que fuera citado para avanzar en la pesquisa, "pero no lo llamaron".

"El juez ni siquiera sabía de este testigo", reprochó la mujer, que el pasado viernes estuvo en el despacho de Rubén Norry, en Roca, junto a su abogado Marcelo Hertzriken Velasco y Ulises González, por la comisión Antiimpunidad. Dijo que Norry se comprometió a citar a ésta y otras personas que ofrecieron con la finalidad de llegar a los "autores materiales" del homicidio.

Hasta ahora sólo hubo una imputada en esta investigación: la ex novia de la víctima, que era menor de edad cuando ocurrió el hecho. En julio del año pasado se realizó el segundo juicio en su contra y la Cámara Segunda del Crimen la encontró responsable del delito de "encubrimiento agravado". Una decisión que no fue compartida por el fiscal de Cámara Eduardo Scilipotti, quien casó la sentencia porque entendía que la imputada debía ser considerada responsable del delito de "homicidio doblemente calificado, por ser cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos personas".

Pero el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a su planteo. En noviembre del año pasado, aunque trascendió ahora, el máximo tribunal casó la sentencia y declaró la responsabilidad penal de la joven como "autora del delito de homicidio preterintencional" y dispuso "diferir la decisión sobre la imposición de sanción". El Código prevé reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años por este delito.

"Coincidíamos con la calificación que había planteado el fiscal", expresó Hertzriken Velasco. Dijo que insistirán para que la sanción sea "la máxima" y cuestionó "el trato benigno" que ha tenido la imputada en todos estos años.

Comentó que la visita a Norry fue beneficiosa porque ayer lo notificaron que ya hizo lugar a alguna de las medidas propuestas para avanzar en la investigación de los autores materiales.

Jorge Luis fue atacado en la madrugada del 18 de marzo de 2001 en una de las habitaciones de la ex estación, que estaba en desuso. Lo golpearon en la cabeza con un caño en varias oportunidades.