Desde el Ministerio de la Familia se admitió que existe la necesidad de reformar la ley 2.440 en lo que tiene relación con los roles de distintos estamentos del Estado en el tratamiento de las adicciones.

María Teresa Seghezzo, del área de Promoción, manifestó que "estamos interesados en participar en la modificación de la ley, orientándonos al tema de las adicciones estableciendo la posibilidad de trabajar en forma conjunta y que esté expresamente resuelto por ley. Nos hace falta una mayor capacidad de respuesta a las situaciones en las que hay consumo y se requiere de algún tratamiento ambulatorio o de desintoxicación", admitió Seghezzo. La funcionaria sostuvo que se han diseñado programas específicos para el tratamiento de problemáticas sociales complejas como los ECIS -espacios comunitarios de integración social- para jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad y riesgo social que se hace en conjunto con personal de Salud Mental. Además mediante el programa Somos Parte, destinado a jóvenes en conflicto con la ley, algunos talleres, por caso en Viedma, se realizan en el mismo lugar en el que se contiene a sufrientes mentales.