No que hoy podemos visualizar como marginalidad urbana y rural no es "un fenómeno" nuevo para la sociedad contemporánea.
La migración interna en la década del '40, provocada por la industrialización del país, hizo que miles de habitantes de las provincias se volcaran a las grandes ciudades, principalmente al que hoy llamamos conurbano bonaerense. Provincianos, en su mayoría trabajadores rurales, explotados en el ámbito agrario, que buscaron cubrir sus necesidades básicas a partir de los logros sociales establecidos por el gobierno del presidente Perón y las leyes de protección a la clase trabajadora.
Aquellos "cabecitas negras" compraban tierras en la periferia urbana y autoconstruían sus viviendas cercanas a los centros industriales, lugar donde desarrollaban su trabajo (fábricas, talleres, etc.). Por otra parte, los programas habitacionales masivos fueron parte de los sucesivos planes quinquenales en materia de obra pública del gobierno peronista y que permitieron un modelo de Estado con pleno empleo y bienestar para los trabajadores urbanos.
En cuanto al obrero rural, siempre más castigado, la política desarrollada por el Estado en aquellos años permitió conquistas que mejoraron sustancialmente sus condiciones laborales.
Lo antedicho vale, a modo de resumen, para entender lo que luego en golpes constitucionales sucesivos se ocasionó en perjuicio de los trabajadores y sus conquistas sociales.
Saltando hechos históricos y sin profundizar en la persecución a las clases populares, se impuso un proyecto económico de destrucción de los intereses nacionales y que en materia habitacional dio el puntapié a la especulación dentro del mercado inmobiliario cuando se definió que todo loteo debía contar con infraestructura básica -esto es llevar servicios de agua, luz, etc.- tarea que, con anterioridad, se responsabilizaba el Estado de efectuar.
Esta medida encareció el valor de la tierra e hizo que cualquier particular debía contar con apoyo financiero para lotear un predio; por ende, el mercado inmobiliario se volcó a manos de unos pocos que sí poseían ese aval económico.
Los que antes podían acceder a su "terrenito" y construir su casa quedaron fuera de la opción, siendo los nuevos compradores sectores de mayor poder adquisitivo y los sectores obreros están marginalizados en la periferia urbana.
La especulación financiera en materia inmobiliaria no era una novedad, pero el retiro del Estado como asistente, generador y planificador la potenció en términos absolutos. Esto determinó que la tenencia de tierra en zonas adecuadas fuera un bien lujoso y los asentamientos una reacción a la imposibilidad concreta de compra por parte de las clases populares, de allí es que las "villas de emergencia" o "villas miseria" pasaron a ser moneda corriente en la periferia metropolitana.
Los años '80, y más aún la década del '90, con el corrimiento absoluto del Estado, la casi desaparición de las economías regionales, la precarización laboral, entre otras variables, derrumbaron por completo lo poco que se sostenía de la clase trabajadora argentina, el desempleo aumentó a niveles impensados de décadas anteriores y el Estado dejó a millones de argentinos sin contención social alguna.
Las "tomas de tierra", "asentamientos" u "ocupaciones" son la resultante de este proceso socio-económico. La irregularidad de las mismas en el corolario de un Estado ausente e inactivo, frente a su propia Constitución y leyes; la violación permanente de los derechos ciudadanos que constitucionalmente se proclaman repercuten en la generación de salidas múltiples para los que padecen situaciones límites provocadas por estas violaciones permanentes.
El surgimiento de organizaciones sociales que reclaman el derecho a la vivienda proviene de esta deserción por parte del Estado y ese reclamo no fue oído, ni por los gobiernos ni por el conjunto de la sociedad, durante décadas.
Hoy, los antes invisibles tienen visibilidad y las organizaciones de los "sin tierra o sin techo" son escuchadas por una sociedad un tanto más permeable en relación con los derechos ciudadanos.
Sin embargo, los gobiernos no poseen en sus agendas temáticas tan complejas como multitudinarias, sólo existen viejas soluciones para nuevos problemas. Si el discurso oficial se sitúa en la "ilegalidad" del conflicto, sólo tapará con las manos el sol, debe entenderse que el conflicto existe y su resolución pasará por ponerse a trabajar en esto, admitiendo su inacción, su falta de planificación, su escaso nivel de gestión.
El hábitat, como problemática y derecho ciudadano incumplido, es hoy uno de los principales conflictos a resolver por la agenda gubernamental y su solución debe enmarcarse en variables múltiples y articuladas. Frente a la diversidad de los casos a solucionar, el Estado debe tener múltiples recetas para múltiples diagnósticos. El éxito de una planificación en tal sentido dependerá de la flexibilidad del plan y la visión amplia de los datos del diagnóstico.
El hábitat es una multiplicidad de variables que se desarrollan en un territorio y, como diría Lopes de Sousa, territorio es "un campo de fuerzas, una tela, una red de relaciones sociales que, a la par de su complejidad interna, define al mismo tiempo un límite, una alteridad: la diferencia entre "nosotros" (un grupo, los miembros de una comunidad) y "los otros", esa multiplicidad de variables, esa tela o esa red, se modifica de acuerdo con los territorios involucrados. Saber leer esto es comenzar a entender el problema, el siguiente paso es generar soluciones adecuadas para cada intervención territorial.
OMAR REGGIANI (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Arquitecto
