NEUQUÉN (AN).- La Cámara Civil emitió un fallo que sienta una valiosa jurisprudencia para los docentes del sector privado. Ordenó que los contratos de los maestros del sector no puedan ser considerados como temporarios por los propietarios de estas instituciones, si es que cumplen un período lectivo completo en funciones.

Se trata de una modalidad de vínculo ampliamente utilizada en el sector, que la decisión judicial inscribe en un marco de ilegalidad.

El fallo surgió a partir de la demanda de dos docentes de un jardín de infantes, que a partir del 2003 fueron instadas a renunciar sucesivamente a finales de año. Al comienzo del siguiente ciclo lectivo, eran reincorporadas en los mismas funciones.

Esto permitía un ahorro a los propietarios, al no abonar los salarios correspondientes a vacaciones y bonificaciones por antigüedad. Todos los principios de año, sus contratos comenzaban a computar de cero.

La Cámara, con la decisión unánime de Lorenzo Waldemar García y Enrique Videla Sánchez, luego de citar en extenso el Estatuto del Docente Privado y la Ley de Contratos de Trabajo, entre otras normativas, expuso su "convencimiento de que la naturaleza del contrato docente en estudio en autos" impone que "cuando se presta servicio durante todo el año lectivo" se entiende que "es un contrato de trabajo permanente y continuo", y es en razón de ello que hace lugar a la petición de Mariana Boada Aguirre y Mónica Graciela Robles, las maestras en cuestión.

Además la Cámara ordenó que se les paguen los aumentos que Nación decretó durante los últimos años.

La decisión judicial fue tomada como un triunfo por el gremio Sadop.

Es que según se informó "es muy común esta modalidad de contratos" que provocan un marco de precariedad laboral que avasallada la situación de muchos trabajadores en la provincia.

La secretaria general del sindicato, Bibiana Sagripanti, manifestó que los sectores donde más se dan son "el inicial y el terciario", y destacó la "valentía de estas dos docentes de no haber aceptado arreglos previos".

Ambas maestras denunciaron su situación luego de haber sido despedidas. La Cámara consideró a las dos trabajadores, representadas por los abogados Asunción Miras Trabalón, Mariano Mansilla y Juan Kairuz, en una situación de "despido indirecto", por lo que correspondía el pago de las indemnizaciones.

La institución deberá abonar casi 20.000 pesos a las dos maestras jardineras.