El Superior Tribunal de Justicia aseguró que no hubo perjuicios para el Estado tras la polémica operación con pagarés que protagonizaron el gobierno rionegrino, el municipio de Roca y el gremio UPCN a principios de esta década. Por eso ratificó los sobreseimientos de cinco ex funcionarios locales y provinciales y de los dirigentes de UPCN, Juan Carlos Scalesi y Jorge Furfaro.
El fallo del STJ confirmó una resolución dictada por la Cámara Tercera de Roca en noviembre del 2006, en la causa que investigó presuntas irregularidades administrativas con la utilización de cheques por 1.008.000 pesos durante la gestión del ex intendente radical Ricardo Sarandría.
Ante esa decisión, el asesor legal del municipio, Pablo Bergonzi, presentó un recurso de casación, rechazado durante las últimas horas por el máximo tribunal rionegrino.
Los sobreseidos fueron el ex secretario de Hacienda del municipio de Roca, Oscar Carballo; el ex director general de Hacienda, Eduardo Maín; el ex director de Contabilidad y Finanzas, Luis Canderán; la ex tesorera, Estela Vilal y el ex tesorero general de la provincia; José Ongaro, además de Scalesi y Furfaro, secretario general y ex secretario de Finanzas de UPCN respectivamente.
A los imputados se les atribuyó el hecho ocurrido en un período que abarca desde el 29 de diciembre del 2000 hasta el 31 de mayo del 2001, de haber recibido, sin dejar constancia en los libros respectivos, un cheque librado por la Tesorería General de la provincia por 200.000 pesos contra el Banco Patagonia, otro por 108.000 pesos, contra la misma entidad, a favor de UPCN, endosados por ésta a favor de la Municipalidad de Roca.
También, no haber contabilizado su recepción ni el descuento del documento por 700.000 pesos, con vencimiento el 29 de noviembre del 2011, librado por la provincia a favor de la comuna roquense, que originó esa operación. "Toda la operación realizada con dicho pagaré no contaría con documentación respaldatoria, habría una inexistencia de instrumentación legal que autorice la misma y habría causado un perjuicio económico a la administración pública municipal, por lo que habría perjudicado el patrimonio municipal administrativo, violando sus obligaciones de fidelidad e incumplimiento a los deberes como funcionario público", aseguró la acusación.
Sin embargo, el STJ dio importancia a un peritaje contable en el que se dictaminó que la negociación entre el gremio y la comuna no causó perjuicio financiero sino que, en función de tres diferentes tasas de bancos, el resultado siempre fue con beneficio para la municipalidad.
Cabe recordar que UPCN realizó el mismo canje de pagarés con otros municipios y en el caso de Bariloche -a diferencia de Roca- la misma Justicia provincial procesó y llevó a juicio al ex intendente Atilio Feudal, quien finalmente fue absuelto el año pasado.
La operación investigada se basaba en el envío de documentos desde la provincia a favor de los municipios (con vencimiento en el 2011) y la posterior compra de esos documentos por parte de UPCN, que finalmente los utilizaba para cancelar deudas con el Estado provincial. Uno de los objetivos de la denuncia inicial era saber si el gremio había "licuado" deudas en forma irregular.
