SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las familias que ocupan las 120 Viviendas del IPPV transitaron en angustiosa vigilia la madrugada de ayer, aguardando el "inminente" desalojo que tampoco se produjo por indefinición de la policía, que todavía no cuenta con los efectivos para cumplir la orden judicial.
A media mañana el juez Ricardo Calcagno informó a este diario -a través de la oficina de Prensa- que recién hoy recibirá precisiones del jefe de la Policía, Víctor Cufré, sobre el tiempo que demandará reunir al personal "especializado" necesario para el desalojo. El magistrado dio a entender que esperará esa respuesta antes de declarar a la fuerza de seguridad en rebeldía.
En el interminable juego de rumores que rodean a la toma, el dato que renovó el temor a la represión ayer fue la inusual reparación del cerco perimetral del barrio realizada por la custodia policial del lugar durante la noche del lunes.
Hoy se conocerá la resolución del amparo solicitado por los ocupantes al juez Miguel Gaimaro Pozzi para frenar el desalojo. El escrito, firmado por Patricia Peña, denunciaba la "situación de desamparo y emergencia habitacional" que enfrentan las 58 familias de la toma y apelaba "cualquier orden o mandato de juez natural" que dispusiera el desalojo de las casas.
La medida cautelar, que fue resuelta ayer en la más estricta reserva, tenía escasas posibilidades de prosperar. Fuentes consultadas en tribunales sostuvieron que no procede la presentación de un amparo contra otra orden judicial.
La toma del inconcluso complejo habitacional del IPPV se transformó en un caso testigo a nivel provincial que ninguna de las partes involucradas sabe cómo resolver.
La ex-concejal y ex-candidata a intendente por la Coalición Cívica, Sandra Guerrero, explicó los vaivenes del conflicto en el antecedente que dejará su resolución para los cientos de ocupaciones que existen en el territorio rionegrino.
"En la provincia hay 800 tomas, urbanas y rurales, pero la ocupación de las 120 Viviendas de Bariloche es la primera que llegó a la justicia", advirtió la dirigente política.
Su reflexión fue completada por abogados vinculados a la causa que deslizaron que el gobierno provincial tiene tanto temor a las consecuencias de la represión como al antecedente que pueda generar una negociación beneficiosa para los ocupantes de las viviendas.
