El retorno de Jorge Sobisch a la escena pública no podría haber sido más desafortunado. Seguramente el ex gobernador hubiera preferido elegir el momento y protagonizar una reaparición más rutilante, que le permitiera reinsertarse en la actividad política con mayor brillo. Acaso lo mejor hubiera sido volver dentro de un año, cuando el gobierno de su ex socio y actual competidor, Jorge Sapag, comenzara a experimentar el desgaste lógico de toda gestión. Pero no fue así, el ex hombre fuerte de la provincia volvió envuelto en el escarnio de su vidriosa responsabilidad en la represión que le costó la vida al docente Carlos Fuentealba. Por eso, tuvo que resignarse a jugar el manso papel de quien debe dar explicaciones a la Justicia.
Sobisch se vio obligado a retrasar un día su presentación para contar con una relación de fuerza menos desfavorable frente al contundente despliegue del gremio docente y tuvo que llegar a la sede del tribunal de sorpresa, en medio de un gigantesco operativo policial y rodeado de apenas un puñado de incondicionales y muy pocos militantes. Pero así y todo, no pudo evitar el repudio generalizado y luego, cuando estuvo frente al tribunal, tuvo que guardarse sus habituales bravuconadas y alegar una dosis de amnesia sobre su pregonada condición de "responsable político", esa que hace menos de un año agitaba en todos los medios para ofrecerse a la derecha vernácula como el candidato de mano dura capaz de poner en caja la protesta social.
Al día siguiente, un poco más tranquilo, recobró su habitual estilo confrontativo en una solicitada a la que tituló: "No eludo responsabilidades, ni me escondo". Pero en los hechos no parece haber ocurrido ni lo uno ni lo otro: cuando estuvo en el banquillo descargó sus culpas por la violenta represión de Arroyito en el ex jefe de Policía y no es un secreto para nadie que no sale a la calle para no ser escrachado.
Ahora, para colmo de males, la querella anunció que pedirá que lo imputen en la causa Fuentealba II, en la que se investigan las responsabilidades de los jefes policiales que participaron en la represión del 4 de abril del 2007. Para Gustavo Palmieri, el abogado de la viuda, Sandra Rodríguez, los sorprendentes olvidos de Sobisch sobre situaciones que lo involucran en forma directa "tienen una única explicación: (el ex gobernador y ex candidato presidencial) tiene más información para dar".
Para mayor dolor de cabeza del antiguo mandamás provincial, Palmieri confirmó que durante el segundo juicio se sumará a la querella el ex fiscal Ricardo Mendaña, un hombre con quien el sobischismo tiene una cuenta pendiente desde que lo expulsó de la Justicia en medio del virtual linchamiento con el que se buscó aleccionar a quienes resistían el sometimiento al Poder Ejecutivo.
En el otro extremo de estos desvelos, la sala juzgadora del juicio político que busca reparar -al menos en parte- la devastación del Poder Judicial concretada por el sobischismo y devolverle la credibilidad perdida, pudo finalmente superar la acefalía designando al camarista Daniel Varessio.
En la cadena de excusaciones que precedió al hecho, y que mantuvo el juicio parado casi dos semanas, palpitaba la resistencia pasiva de la corporación judicial al proceso de saneamiento de la Justicia.
En un probable exceso de celo, el gobierno decidió no enviar la lista de conjueces prevista en la Constitución y apeló al sistema de subrogancias del Poder Judicial para no cargar con el eventual costo político de que un juez, en definitiva propuesto por el Ejecutivo, terminara juzgando a un miembro de otro poder del Estado.
La decisión fue objetada por la defensa de Badano y no contribuyó a simplificar las cosas, aunque terminó siendo convalidada en los hechos por la mayoría de la oposición, que seguramente entendió que el interés superior era evitar que el juicio terminara empantanado. No obstante, el tema mereció la crítica expresa de la diputada de Alternativa Neuquina Soledad Martínez, quien advirtió sobre la posibilidad de que el juicio termine en una restitución de Badano en su cargo, no porque se determine su inocencia sino por errores de procedimiento.
En el bloque del MPN descreen de que un eventual reclamo de la defensa ante la Corte pueda prosperar, pero en todo caso advierten que están dispuestos a llevar el juicio hasta las últimas consecuencias, para lo cual cuentan con clara mayoría en la sala juzgadora. No descartan tampoco la eventualidad de llevar a juicio a los restantes miembros del TSJ si surgen nuevas trabas formales o de procedimiento producto de los "anticuerpos" que genera en la corporación el juicio político.
Mientras tanto, el Ejecutivo deberá decidir en los próximos días si acepta o rechaza las impugnaciones presentadas contra Guillermo Labate y Marcelo Benavides, los dos candidatos que propuso para ocupar las vocalías vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.
El plazo para reemplazar a Fernández y Sommariva, los dos ex integrantes del TSJ cuestionados que renunciaron para evitar su enjuiciamiento, vence el próximo 11 de julio y la tarea de evaluar las impugnaciones recae sobre una comisión del Ministerio de Justicia que deberá emitir un dictamen, previo al envío -o no- de los pliegos a la Legislatura.
Hasta ahora quien más objeciones recibió es Benavides y esta semana en medios oficiales no descartaban que él mismo desista de su postulación. El juez federal Guillermo Labate, sólo sufrió la impugnación de una ong que lo acusó poco menos que de haragán, bajo el eufemismo leguleyo de 'demoras en la tramitación de expedientes'. Un cuestionamiento que en buena medida se inscribe en la puja solapada entre el juez y la cámara de Roca, y que el interesado se encargó de relativizar al recordar que tuvo una licencia prolongada por "agotamiento laboral", y al señalar que su juzgado eleva el 65% de las causas que se tramitan en los cinco que están a cargo de la Cámara.
En cambio la APDH, la entidad de defensa de los derechos humanos más prestigiosa de la región, salió a respaldar a Labate por su "esfuerzo sostenido, en trabajo y tiempo" en la causa de la "Escuelita", por la que se investigan las violaciones a los derechos humanos en ese centro clandestino de detención durante la dictadura. Con inocultable ironía, la entidad deslizó que tal esfuerzo sostenido "no (es) habitual, por cierto" en el ámbito judicial. Dando pie para conjeturar que la supuesta haraganería es un mal endémico de la corporación judicial al que se suele apelar cuando se busca descalificar al adversario.
Quien tiene motivos para estar preocupado por la descalificación de sus pares, es el radical K Horacio "Pechi" Quiroga. La conducción que administra los despojos de su partido, lo puso de patitas en la calle por su osadía de aliarse con el gobierno peronista, algo que a algunos radicales le sabe a ricino. Pero la olímpica decisión de la conducción encabezada por el senador jujeño Gerardo Morales no parece haber tenido mayor efecto entre las huestes del radicalismo neuquino, que unánimemente salieron a respaldar al ex intendente y ex candidato a gobernador. El titular del partido en Neuquén, el diputado Marcelo Inaudi, se permitió inclusive ser cáustico: le recomendó a Morales que " se tome un descanso, porque -dijo- no puede ser que en tan poco tiempo haya hecho tantas macanas".
HÉCTOR MAURIÑO
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