SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Una treintena de ocupantes de las 120 Viviendas tomaron ayer la delegación local del IPPV con la decisión de quedarse en el lugar hasta obtener "una solución definitiva" y consiguieron una promesa de financiamiento del organismo.

Bastaron cinco horas de guardia en las históricas dependencias del Ferrocarril para que el interventor del organismo, Vicente Pili, formulara una propuesta a los usurpadores que eludió durante 48 días, rechazando, incluso, la convocatoria judicial de mediación.

El abogado -a cargo de la delegación local del organismo- Juan Pablo Álvarez Guerrero fue el encargado de transmitir la propuesta de canalizar la necesidad de las familias a través del plan de Emergencia Habitacional, que contempla la construcción de las viviendas pero no la tierra.

La respuesta del IPPV -que derivó al municipio la responsabilidad de obtener los terrenos- fue cuestionada en duros términos por el intendente Marcelo Cascón, que exigió la presencia del funcionario en Bariloche para "decir lo mismo que dijo por teléfono, acá". El planteo fue formulado al ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, sin obtener respuesta.

"Es llamativo que Pili haga una oferta por teléfono de esa característica después de no haberse hecho presente en 25 días en Bariloche con el argumento de que no dialogaba con ocupantes... Es muy extraño que, en el ámbito del IPPV, cuando los vecinos van se haga este planteo después que el IPPV estuvo en absoluto silencio frente al conflicto, es bastante lamentable", sostuvo el mandatario.

Tras la demostración de fuerza en las oficinas provinciales el núcleo duro de la toma volvió a reunirse con el intendente para analizar las alternativas habitacionales sin alcanzar un acuerdo definitivo.

A este último encuentro fue convocado el presidente de Deliberante, Darío Barriga, para evaluar la posibilidad de conseguir las 12 hectáreas contiguas a la tierra -del 17 has.- que adquirió el municipio para el traslado de las familias de la barda del Ñireco.

Esa parcela, incluida en las propuestas de campaña presentadas por Barriga en la reciente elección de intendente, es el lugar que los ocupantes pretenden adquirir con "la intermediación del municipio" para deponer la toma. También formaría parte de la extensión que no pudo adquirir el anterior gobierno cuando negoció el emplazamiento para los traslados de la barda porque no sería urbanizable.

La propuesta requerirá largas gestiones de verificación que atentan contra los plazos del desalojo, varias veces flexibilizado. "Les aclaré que, en ningún caso, las alternativas planteadas son inmediatas y que estamos trabajando contrarreloj y que la situación de desalojo es inminente, pero ellos sienten que la charla de hoy es un avance", dijo Cascón.

El reclamo de los ocupantes se completa con un plan de autoconstrucción que no dio mayor significación al ofrecimiento del IPPV. El organismo propuso financiar la construcción de unas 60 viviendas a razón de $ 68.000 por unidad y les ofreció asociarse con la UOCRA para incorporar las casas a la urbanización Omega II que dispone de tierras, fue adjudicado y comenzará a construirse en setiembre.