El legislador Martín Soria (PJ) presentó una denuncia penal para que se investigue si otros estudios jurídicos de Viedma -además del involucrado en una causa iniciada en el 2006- cobraron sumas de dinero que no correspondían, con el aval de la Fiscalía de Estado.

La presentación se formalizó el jueves ante el fiscal viedmense Marcelo Álvarez, con el objetivo de esclarecer si el fiscal de Estado, Alberto Carosio, pudo haber incurrido en el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Las sospechas de Soria surgen de la actuación de Carosio al haber firmado, ratificado y homologado judicialmente los convenios celebrados con estudios jurídicos privados luego de que varios agentes públicos iniciaran juicios contra el Estado rionegrino.

En la causa en marcha existen elementos que hacen presumir un pago de dos millones de pesos de más a un abogado de Viedma, pero el legislador recordó que "hubo convenios con varios estudios más, que deben ser investigados".

Soria también reclamó a Carosio que "deje de esconderse detrás de sus fueros -como hizo en la primera causa- y dé las explicaciones que pide la Justicia".