ROMA (DPA) - El gobierno italiano aprobó ayer un proyecto de ley que prohíbe investigar a los cinco principales funcionarios del Estado y que los críticos consideran un jugada del primer ministro Silvio Berlusconi para frenar los procesos por corrupción que tiene pendientes.

El anterior gobierno de

Berlusconi aprobó una ley de inmunidad en 2003, pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional. El mandatario pretende ahora volver a enviar la ley al Parlamento, donde cuenta con una cómoda mayoría en ambas cámaras.

El magnate mediático enfrenta en Milán un proceso por el presunto pago de un soborno de 600.000 dólares que, según el fiscal general del Estado, hizo en 1997 al abogado británico David Mills para que prestara falso testimonio en un proceso contra el grupo audiovisual de Berlusconi, Mediaset.

Tras la reunión de gabinete de ayer, "il cavaliere" insistió en considerar "necesaria" la ley de inmunidad para proteger a los principales funcionarios del país ante "procesos partidarios". El Senado ya aprobó otro paquete de leyes impulsado por el gobierno con el objeto de evitar una posible condena a Berlusconi.

La iniciativa prevé que se suspendan durante 12 meses todos los procesos relativos a delitos previos a junio de 2002 para que los tribunales puedan concentrarse en asuntos de mayor gravedad como crímenes mafiosos o terrorismo. La oposición votó contra estos planes y rompió el diálogo con el primer ministro.