BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide fijará para después de la feria judicial las nuevas fechas de indagatorias de 85 sindicalistas, en una megacausa en la que se investiga si estos desviaron un crédito del Banco Mundial, de 285 millones de dólares, en provecho propio.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el magistrado comenzaría citando a los dirigentes de los sindicatos de los bancarios, empleados de comercio y seguros, en éste último caso, entre los que podría estar Ramón Valle.

En el requerimiento de la fiscalía hay 350 personas a citar, entre las que figuran, el ministro de Trabajo Carlos Tomada y los dirigentes Armando Cavalieri (Mercantiles), Juan José Zanola (Bancarios), Antonio Cassia (Petroleros), Gerardo Martínez (Construcción), Gerónimo Venegas (Trabajadores Rurales), Vicente Mastrocola (Plásticos), y Jorge Horacio Menem (Empleados de Correo).

Las declaraciones "ya debían haberse realizado", pero fueron postergadas por varios pedidos de prórroga de los imputados y antes de que empiecen el juez Oyarbide debe resolver un planteo de "nulidad" presentado por uno de los sindicatos investigados, agregaron los informantes.

Las presuntas maniobras irregulares que investiga la Justicia se habrían cometido de 1996 a 2000 con los fondos provenientes de un crédito de 350 millones de dólares del Banco Mundial destinado a la reconversión y mejora de las obras sociales, mediante pago de deudas, reformas edilicias y cursos de capacitación del personal.

Sin embargo, según el dictamen que en su momento hizo el entonces fiscal Carlos Stornelli, muchos millones de ese préstamo habrían ido a parar a manos de los sindicalistas que estaban al frente de las obras sociales o a empresas fantasmas presuntamente dirigidas por amigos y familiares, con la anuencia de los funcionarios estatales a cargo de controlar el destino de los fondos.

También ex funcionarios

La investigación apunta también a los ex funcionarios encargados de controlar el destino del crédito. El representante del Ministerio Público requirió al juez Oyarbide que cite a declaración indagatoria a 350 imputados, entre sindicalistas, funcionarios del Estado, y empresarios del rubro salud por la presunta comisión del delito de defraudación a la administración pública.

La denuncia original fue radicada por el abogado Ricardo Monner Sans, que mencionó supuestas movimientos millonarios de dinero en cuentas bancarias sindicales del empresario Gustavo Aondi, quien según el fiscal habría sido socio del secretario general adjunto de la CGT y actual presidente de AySA, José Luis Lingeri, que tiene fuertes inversiones en coches de Turismo Carretera.

Aondi sería pariente del gremialista, y Lingeri fue superintendente de obras sociales durante parte del gobierno de Carlos Menem. (DyN)