SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- En una enérgica nota sobre sus reclamos territoriales en cerro Chapelco, la comunidad mapuche Vera emplazó al gobierno provincial a que en el término de 15 días ofrezca alternativas de solución a la titularización de sus tierras, que alcanzan el corazón del complejo de esquí, sin la inclusión de los propietarios privados en el título de propiedad, y con la totalidad del lote 69 A conforme sus demandas históricas, lo que equivale a rechazar la propuesta de la vecina comunidad Curruhuinca para un manejo compartido de ese espacio.

Si en ese lapso no hay una respuesta satisfactoria, los Vera hacen reserva de asumir las acciones que consideren convenientes para la defensa de sus territorios ancestrales, lo que podría ser interpretado como una elíptica advertencia de medidas de fuerza. En el pasado, las comunidades asentadas en Chapelco ya realizaron actos de protesta, como cortes de ruta y ocupaciones reivindicativas.

La posición está contenida en un escrito enviado al ministro de Gobierno y Educación, Jorge Tobares, quien a lo largo de varias semanas estuvo en la ciudad para avanzar en un acuerdo. Sin embargo, las conversaciones aparecen empantanadas, por dos cuestiones: la situación de los propietarios privados, que tienen derechos adquiridos o títulos sobre predios en tierras reclamadas por los mapuches -como clubes de servicio y Vialidad- y la disputa con los Curruhuinca sobre el manejo del lote.

Durante una asamblea comunitaria, en oportunidad la celebración del año nuevo mapuche, el pasado 24, los Vera resolvieron "exigir al gobierno provincial la devolución del lote 69 A completo, respetando el límite interno entre las comunidades Curruhuinca y Vera, tal como se ha establecido anteriormente en los lotes 69 J y 69 B, correspondientes al lote 69 de Colonia Maipú". Esa posición implica el rechazo llano a la demanda de los Curruhuinca, que por el contrario supone compartir el lote 69 A.

"Sostenemos -dicen- que recibir un título de propiedad con la permanencia de terceros es inconstitucional, y que resolver el conflicto es responsabilidad del gobierno provincial".