Néstor Kirchner y su esposa Cristina están acostumbrados a ser obedecidos por la servidumbre. Luego de doce años en los que manejaron Santa Cruz como si formara parte de su patrimonio familiar y cinco en que han gobernado la Argentina de la misma manera, sin sentirse obligados a modificar del todo el "estilo" hermético y prepotente que aprendieron en la provincia que aún dominan, no les es nada fácil entender lo que les convendría hacer en una situación como la actual. Por primera vez, los Kirchner se encuentran frente a una coalición creciente -ya incluye a buena parte de la población del país - que no tiene intención alguna de dejarse intimidar por la irascibilidad que suelen emplear como un arma para silenciar a los díscolos.

No sólo se trata de "los oligarcas" del campo, de sus imprevistos aliados urbanos y de los opositores locuaces de siempre, sino también de muchos dirigentes peronistas que, alarmados por lo que está sucediendo, son reacios a ser carne de cañón en una batalla que creen perdida de antemano. El cordobés José Manuel de la Sota y otros no disimulan su convicción de que los Kirchner los están llevando hacia un desastre y, como es lógico, no quieren quedar sepultados bajo los escombros.

La decisión de pedirle al Congreso dar un sello de aprobación democrático a las retenciones móviles fue acaso un acierto táctico por parte de Cristina, ya que sirvió para que el país se tranquilizara por un rato después de varias semanas de tensión en aumento, pero a menos que el bloque oficialista termine encolumnándose tras ella habrá sido un error estratégico. Brindó a aquellos peronistas que sospechan que la gestión de la presidenta será un fracaso estrepitoso equiparable con los protagonizados por Isabel Perón o Fernando de la Rúa un pretexto inmejorable para romper con el Poder Ejecutivo. Algunos ya han dicho que no ratificarán a libro cerrado el proyecto de ley sobre retenciones móviles por miedo a la eventual reacción enfurecida del electorado de los distritos que representan. Otros se afirman contrarios a la iniciativa por motivos económicos o doctrinarios. Y los hay que hablan de la necesidad de que el Congreso desempeñe un papel menos pasivo en la vida nacional. Los nuevos disidentes aún constituyen una minoría en el bloque oficialista, pero pronto podrían conformar una mayoría.

Podrían porque los peronistas nunca se han destacado por su independencia de criterio: de difundirse la sensación de que el movimiento en su conjunto ha optado por alejarse de un caudillo cuyo ocaso le parece inminente, pocos pensarán en sacrificar su propio futuro en aras de su hipotética lealtad hacia una pareja cuyo momento de gloria ya pertenece al pasado. Están habituados a abandonar a su suerte a caudillos en cuanto pierden la capacidad para garantizarles votos en cantidades suficientes. Diez años atrás, Carlos Menem era tan popular y tan "hegemónico" como fueron los Kirchner hasta marzo, mientras que Eduardo Duhalde, dueño del presuntamente temible aparato bonaerense, vio evaporarse su poder cuando se hizo evidente que el electorado lo repudiaría. Los Kirchner podrían ser las próximas víctimas de la "ingratitud" de sus partidarios coyunturales.

Todos los intentos recientes de los Kirchner por hacer sentir su autoridad han resultado contraproducentes. Las soflamas ya rutinarias de Cristina y sus intentos de descalificar a los agricultores, acusándolos de ser mezquinos, antipatrióticos, golpistas y muchas cosas más, sólo provocan fastidio: muchos de los trasladados en micros fletados a Plaza de Mayo hace poco más de una semana la abandonaron en cuanto la presidenta comenzó su arenga. En cuanto a los esfuerzos por impedir que otros ganen la calle, enviando pelotones de piqueteros y mercenarios rufianescos a lugares brevemente ocupados por amas de casa pertrechadas de cacerolas y transformando la Plaza de Congreso en un camping improvisado para que no la tomen los ruralistas, la impresión que dan difícilmente podría ser más patética. Huelga decir que tales actividades no han servido para que los peronistas cierren filas en torno de la presidenta: saben tan bien como el que más que un gobierno que para sobrevivir depende de los aportes de personajes como Luis D'Elía, Guillermo Moreno y Hebe de Bonafini podría tener los días contados.

Desde hace muchos años, la Argentina ha visto alternar períodos signados por una sobredosis de poder presidencial y otros caracterizados por la debilidad presidencial en la que todo parece caerse a pedazos. La implosión del kirchnerismo, pues, plantea a la clase política nacional un desafío que tal vez no esté en condiciones de superar. Como sucedió antes del desplome del gobierno del presidente De la Rúa, está conformándose una liga de gobernadores, aún embrionaria, estimulada por la conciencia de que el conflicto entre los Kirchner y el campo supone un enfrentamiento entre el interior despojado y un centro voraz. Pero por descollantes que fueran sus miembros, una liga de gobernadores no estaría en condiciones de administrar el país. Para eso hace falta un gobierno central fuerte, con la autoridad precisa para tomar decisiones a veces antipáticas, razón por la que el santafesino Hermes Binner cree que la solución al embrollo en que el país se mete toda vez que un mandatario tiene en principio mucho poder, pero no cuenta con el respeto del grueso de la ciudadanía, consistiría en trasladar responsabilidades actualmente monopolizadas por el Poder Ejecutivo al Legislativo.

En principio, la propuesta es buena. Un sistema en que el destino del país depende durante exactamente cuatro años de los prejuicios, los caprichos, el temperamento y la imagen de una sola persona es obviamente inferior a uno en el que las responsabilidades suelen repartirse entre varias personas que en caso de emergencia pueden dar un paso al costado sin que su relevo desate una crisis institucional tremenda. El problema es que el cambio sistémico que Binner y otros tienen en mente no podría producirse sin desalojar antes a una presidenta que con toda seguridad se negaría a dejarse privar de sus poderes especiales. Y aun cuando para asombro de muchos los Kirchner aceptaran colaborar con una reforma constitucional muy complicada en tal sentido, tendría que transcurrir mucho tiempo antes de que la ciudadanía se habituara a ser gobernada por un régimen parlamentario que, sería de prever, se asemejara mucho más al italiano que al británico o sueco.

JAMES NEILSON