WASHINGTON (AFP) - La OEA manifestó ayer su "preocupación" por la nueva ley de expulsión de inmigrantes indocumentados aprobada por el Parlamento europeo, y anunció que una misión de ministros americanos buscará una reunión con parlamentarios y autoridades europeos.

En una resolución aprobada por unanimidad de sus 34 Estados miembros -incluidos Estados Unidos y Canadá-, la OEA reunida en Washington expresó su "preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes".

Reunidos a pedido de Perú, los países americanos encomendaron al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que conforme una "misión de alto nivel de los Estados miembros de la OEA a la UE para obtener información de primera mano sobre la Directiva retorno", en una reunión en fecha por definirse.

La llamada "Directiva retorno" aprobada el 17 de junio por el Parlamento europeo, dispone una detención de hasta 18 meses de los inmigrantes ilegales que no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años de regresar a la Unión Europea (UE). Asimismo, señalaron la obligación "de conformidad con el derecho internacional" de "garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes".

Los países de la OEA recordaron además que durante la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE a mediados de mayo en Lima, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y las naciones europeas acordaron "establecer un diálogo integral y comprensivo sobre la migración".

Las autoridades peruanas y el secretario general de la OEA han manifestado malestar por la falta de consulta de la UE con los países latinoamericanos que tienen millones de nacionales en Europa, antes de aprobar la nueva norma de inmigración. El canciller peruano, José García Belaúnde, propuso este jueves "reforzar los mecanismos de diálogo entre los dos continentes (Europa y América) para encontrar vías constructivas de solución práctica que protejan los derechos básicos y las libertades fundamentales de los trabajadores migrantes y sus familias".