VIEDMA (AV).- A un año de la firma del convenio con Anses, Río Negro todavía no implementó el sistema de jubilación especial para que los jueces se jubilen con el 82 por ciento móvil.

Esta demora se explica en que el Superior Tribunal de Justicia sigue negociando un plan de facilidades para que los magistrados abonen la diferencia de aportes para acceder al régimen.

En nota enviada al gobierno de Río Negro, Anses ratificó que no habrá límites en los montos de las futuras jubilaciones para jueces y funcionarios de la Justicia y, además, desestimó la posibilidad de ampliar el listado de beneficiarios. El gremio había requerido al STJ que se lo incluya en este nuevo régimen, incluso planteando un recurso judicial.

Los aportes personales diferenciales de los 306 magistrados y funcionarios de la Justicia rondan 10 millones, es decir, un costo medio de 33.000 pesos. El monto se origina porque Anses solicita que abonen otro porcentaje previsional y por el total de la remuneración (actualmente aportan con un límite). Esta diferencia -que se reclama desde 1996 cuando se transfirió la Caja jubilatoria rionegrina- conforma la mayor exigencia de Nación para adherir a la ley 24.018 que garantiza el 82 por ciento móvil.

El STJ intentó inicialmente que el Estado provincial asuma aquel costo personal de 10 millones. Después, miembros de la Justicia y el gobierno negociaron un plan de financiamiento. El STJ pidió un pago a 10 años pero la AFIP no cedió más de 2 años.

La última opción lograda por la Justicia fue un préstamo del Banco Patagonia- el agente financiero- que paga a la AFIP y ofrece su cancelación a tres o cuatro años. Aún así, la alternativa tiene una dificultad: la entidad no otorga ese crédito a mayores de 65 años. El listado judicial tiene una treintena y conforma el grupo de mayor compromiso por abonar.

Según trascendió, el STJ insistirá con un mecanismo estatal para destrabar esa situación y, por eso, el presidente Alberto Balladini habría solicitado otra audiencia con el gobernador Miguel Saiz.

Salvo el plan de pago para los jueces, el resto está acordado y solamente quedan formalidades. El proyecto de ley de ratificación del convenio entre Río Negro y Anses -que se firmó el 15 de junio del 2007- está concluido y resta la aceptación de la Justicia para que Saiz lo remita a la Legislatura. Esa aprobación se prevé para julio y su sanción pondrá en marcha el plazo de tres meses para que jueces y funcionarios puedan utilizar el derecho de opción para adherir a este régimen jubilatorio. Simultáneamente, la Justicia cumplirá con los trámites internos de pagos a la AFIP con los esquemas de financiamiento o, en cambio, la cancelación al contado para aquellos que lo requieran.

La implementación del 82 por ciento móvil alentará al retiro de magistrados y funcionarios con edad para jubilarse que siguen en el Poder por la diferencia entre los salarios en actividad (un camarista promedia los 18.000 pesos y un miembro del STJ ronda los 23.000 pesos) y las actuales jubilaciones con un límite de algo más de 5.000 pesos.

Una veintena de magistrados están en condiciones de jubilarse. El año que viene se sumará otra cantidad similar. En el STJ se entiende que esas renuncias pueden ser una oportunidad de renovación del poder.