SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La falta de efectivos policiales trabó el desalojo de las 120 Viviendas, tras la medida dictada el lunes por el juez Ricardo Calcagno y sumó horas vitales de diálogo a la negociación entablada desde el municipio para "encontrar una solución pacífica" al conflicto.

La situación transitó ayer una de sus jornadas más desgastantes, marcada por una sucesión de rumores que mantuvo en vilo a los ocupantes y generó desorientación en los tribunales, donde creció el malestar por la inacción policial.

En ese clima la sorpresiva intervención del obispo Fernando Maletti brindó un poco de contención a los ocupantes y permitió que la visita del intendente Marcelo Cascón a la toma se desarrolle sin hostilidades. Las propuestas reiteradas del mandatario fueron aceptadas por una decena de familias que, a última hora, se disponían a dejar las viviendas.

El subsecretario de Política Criminal, Santiago Ibarrolaza, fue el primero en reconocer públicamente que no existían efectivos suficientes para concretar el desalojo y que se esperaban mayores precisiones de Calcagno.

Anoche, el ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, descartó un quiebre institucional entre la justicia y la policía y aseguró a "Río Negro" que la Regional III no incurría en ningún incumplimiento porque "lo hacen por mandato mío".

El ministro aclaró que "siempre disponemos de la institución policial como auxiliar de la justicia, pero en este caso considero que tenemos responsabilidad política para esos ciudadanos y creemos que necesitamos mayor nivel de detalle para tomar una decisión".

Rodríguez explicó que "nosotros, por un lado, estamos acompañando el proceso de mediación que está llevando a cabo el intendente (Marcelo Cascón) y, en lo que hace al mandamiento de desalojo, estamos pidiendo mayores precisiones al juez". El envío de efectivos "especializados" para realizar el desalojo dependerá de la respuesta judicial.

Las familias de la toma pasaron gran parte de la noche del martes en vela y se congregaron frente al cerco perimetral antes del amanecer dispuestos a repeler el anunciado desalojo compulsivo.

La llegada del obispo y las organizaciones sociales que prestaron apoyo y contención sirvió como llamado a la reflexión a los cansados ocupantes que, no obstante, mantuvieron la firme decisión de resistir. Dos de los jóvenes ocupantes -jefes de familia- desbordaron en lágrimas mientras intentaban explicarle al prelado que la toma fue "la única solución que conseguimos" al problema habitacional y que no tenían a dónde ir si dejaban las casas.

La reunión con Cascón, pasado el mediodía, se convirtió en ámbito propicio para la catarsis de los ocupantes que llevan 46 días atrincherados en el complejo habitacional. El mandatario debió escuchar los reproches de las familias que retornaron a la toma por supuestos "incumplimientos" del municipio y el reclamo por el desmanejo de tierras prometidas a otras tomas (ver aparte). Cascón fustigó al IPPV por las irregularidades y la escasa inversión realizada en Bariloche durante los últimos diez años, se comprometió a promover la investigación de las denuncias formuladas por los ocupantes, los convocó a trabajar en una política activa.