NEUQUÉN (AN).- Antes del 11 de julio, el Ejecutivo decidirá si da marcha atrás o si prosigue con las candidaturas de Guillermo Labate y de Marcelo Benavides para vocales del TSJ. El gobernador Jorge Sapag deberá buscar el acuerdo que, hasta el momento, no encontró para sus propuestas en los diputados de la oposición. Con los 18 diputados propios no logra las dos terceras partes de la Cámara.

La tarea de evaluar las impugnaciones estará a cargo de una comisión de tres abogados del ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad, que emitirán un dictamen. La designación de la comisión se desprende del artículo 7 del decreto de autolimitación de facultades (590/08) dictado a fines de abril por Sapag, que impone un tiempo de análisis de diez días contados desde el vencimiento del plazo para impugnar como una facultad exclusiva del Ejecutivo.

El tiempo para el análisis de la comisión comenzará a correr a partir del martes 1 de julio, cuando se cumplan los diez días de exposición de los antecedentes de Benavides, el último candidato presentado. Para verificar el currículum de Labate, el plazo venció el lunes pasado. No obstante el trabajo que se realice puertas adentro del Ejecutivo, la medida real del acuerdo a los candidatos la dará la Legislatura, donde Sapag deberá buscar el apoyo de los bloques opositores para lograr los dos tercios que se necesitan para nombrar a los nuevos vocales.

El PJ más cercano al gobierno nacional, a través del diputado Luis Sagaseta, anticipó que no apoyará a ninguno de los postulantes. Según el legislador, no coinciden con el perfil que ellos esperaban. Y la situación no es muy diferente en la UCR, donde si bien Benavides cuenta con el respaldo del subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, Horacio Quiroga, ninguno de los diputados radicales salió a respaldar las manifestaciones del ex intendente de Neuquén.

Benavides, sobre quien se reciben presentaciones hasta el próximo martes, sumó críticas de Jorge Izquierdo, titular de la Federación Judicial Argentina, y de la CTA; aunque en ninguno de los casos hubo medidas formales. Un abogado particular, Mario Alfredo Avalos, impugnó a Benavides por su actuación en una causa que tramitó en el juzgado cinco. También presentó una objeción el Comisario inspector retirado Luis Alberto Morales, por la falta de avances en la causa conocida como "zona liberada" en Cutral Co y Plaza Huincul. El colegio de abogados de Zapala interpretó que Benavides no reúne "los antecedentes suficientes para el cargo".

Labate despertó menos críticas. Sólo sufrió una impugnación, de parte de la asociación civil Convocatoria Neuquina, que lo acusó por las demoras en la tramitación de expedientes en el juzgado federal 2 y por la misma razón, pero durante su participación en la etapa de instrucción del caso Carrasco 2.

La APDH respaldó a Labate por su "valioso desempeño" en la causa conocida como "La Escuelita".

Hizo lo propio la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de Neuquén (ver aparte).