El oficialismo lleva adelante trabajosas gestiones para asegurarse el número de legisladores necesarios para aprobar en la Cámara baja las retenciones móviles, en un proceso que incluye analizar cambios a la iniciativa original para garantizar una salida del conflicto con niveles amplios de consenso parlamentario.

El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, ratificó en una reunión con el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, que el objetivo es aprobar el miércoles el proyecto pero evitó cualquier promesa precisa de modificación de la iniciativa oficial.

Como contrapartida, De Angeli advirtió que los ruralistas continuarán "protestando" y esta noche encabezó una asamblea en la Plaza de los Dos Congresos, convertida en una ágora colorida con carpas, un toro inflable y disfraces de huevos entre los kirchneristas para graficar su "coraje".

El kirchnerismo resignó aprobar a libro cerrado el proyecto y piensa en un esquema que mejore los números de los pequeños y medianos productores a través de compensaciones.

El sistema, sin embargo, nunca terminó de convencer a los ruralistas.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Javier de Urquiza, admitió indirectamente hoy la posibilidad de que en el Congreso modifique el plan de retenciones móviles, al destacar que "tiene facultades para trabajar en ese sentido, y esa es la intención que tuvimos al enviarlo al Congreso".

Los 36 silenciosos

Entre tanto, en el bloque oficialista unos 36 legisladores manifestaron silencio

samente su negativa a aprobar el proyecto tal como llegó del Poder Ejecutivo.

Intendentes del interior reclamaron hoy en la Cámara de Diputados la suspensión de la resolución que activó las retenciones móviles.

En el Senado, el temblor interno que atraviesa el oficialismo se reflejó en la renuncia de Urquía, titular de la aceitera General Deheza, a la comisión de Presupuesto del Senado.

Su desplazamiento facilita al kirchnerismo tener mayoría en la comisión por donde deberá pasar el proyecto luego de su aprobación en diputados.

La búsqueda de coincidencias en el Congreso no alejó chisporroteos.

En ese marco, el Gobierno nacional anunció que llevará adelante una investigación para dilucidar cómo puede ser que durante el "lock-out" de productores agropecuarios haya "aumentado" la exportación de granos, según anunció De Urquiza.

Paralelamente, la Justicia comenzó a investigar si se cometieron irregularidades con la emisión y utilización de Cartas de Porte, documento necesario para la comercialización de granos en el país, a partir de una denuncia efectuada por el titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray (Ver pág. 5).

La decisión oficial fue cuestionada por Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) (entidad mencionada en la carátula del expediente judicial), para quien "es una acción de desprestigio y de persecución política".

(DyN)