El gobierno nacional derogó las resoluciones por las cuales había establecido la obligación de las fuerzas de seguridad de informar al Ministerio de Justicia sobre las órdenes recibidas por los jueces en las causas que investigan, y acordó con la Corte Suprema la creación de una comisión para "revisar eventuales instrucciones judiciales que pudieran generar conflicto" en su cumplimiento.

La derogación fue resuelta por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, luego de una reunión que mantuvo por esa cuestión ayer con miembros de la Corte encabezados por su presidente, Ricardo Lorenzetti.

Fernández calificó de "fructífera" a la reunión y destacó que "la propuesta superadora de crear una Comisión entre la Corte Suprema y el Ministerio para revisar eventuales instrucciones judiciales a las fuerzas de seguridad y policiales que pudieran generar conflictos en lo atinente a su cumplimiento, ofrece todas las garantías para concluir en decisiones acertadas".

En este marco, el ministro informó que tras el encuentro derogó las resoluciones Nº 1084 del 29 de abril último y su modificatoria -Nº 1531- por entender que "esta comisión satisface plenamente mi interés en regular de la manera más eficaz y ajustada a derecho, la relación entre los jueces y fiscales federales y las fuerzas de seguridad a mi cargo en el cumplimiento de sus funciones". Fernández anunció a Lorenzetti que en ese nuevo órgano el Ministerio de Justicia estará representado por la secretaria de Justicia, Marcela Losardo.

Las resoluciones obligaban a las fuerzas de seguridad a informar a esa cartera sobre las órdenes impartidas por los jueces en el marco de las causas que investigan. La medida generó malestar en los ámbitos de la Justicia penal y entre los fiscales, que interpretaron que se trataba de una intromisión del poder político en la Justicia.

Tras la reunión en la Corte, Lorenzetti -quien estuvo acompañado por los ministros del tribunal Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Carlos Fayt- anunció la creación de una virtual "policía judicial", como una suerte de "solución superadora" a la situación generada por las resoluciones ahora derogadas. (DyN)