BOGOTÁ (AP/AFP) _ La Corte Suprema de Justicia condenó ayer a una ex legisladora a tres años y medio de prisión domiciliaria por aceptar ofertas de cargos políticos a cambio de votar a favor de una reforma legislativa en 2004 que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe.

La ex legisladora Yidis Medina fue condenada por el delito de cohecho o aceptar o recibir favores como funcionario público a cambio de algo, dijo su abogado defensor Ramón Ballesteros.

La Corte basó la condena en el argumento de que Medina, "ostentando un cargo de elección popular, decidió traicionar la confianza e interés colectivo a cambio de dádivas, mezquindades envilecedoras de los halagos y las promesas burocráticas".

Medina denunció ante la Corte que funcionarios del gobierno, con el conocimiento del presidente Uribe, le ofrecieron prebendas burocráticas que le cumplieron parcialmente para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial.

La Corte concedió a Medina el beneficio de cumplir su pena en detención domiciliaria, y le redujo la condena, que por ese delito podría ser hasta de siete años, debido a su colaboración con la justicia y a que se entregó voluntariamente a las autoridades.

Ballesteros indicó que espera que su cliente salga a fines de esta semana de la prisión femenina de Bogotá en la que está detenida desde abril pasado. Medina denunció a comienzos de año en entrevistas periodísticas que en 2004 funcionarios del gobierno le ofrecieron cargos públicos regionales a cambio de que votara a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe dos años después. El gobierno niega haber hecho los ofrecimientos.

Medina, quien públicamente había manifestado estar contra la reelección, votó a favor de la reforma, en una sesión en 2004 que permitió el avance del proyecto en el congreso.

"Una condena no puede ser motivo de alegría ni de nada", dijo el abogado refiriéndose a que su cliente asumió confesar un delito y sus consecuencias legales.

Por el caso de las denuncias de Medina, la Fiscalía General abrió una investigación al actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, quien era ministro del Interior en 2004.

Medina ha señalado que además de Pretelt el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio, fue otro de los que supuestamente le hizo ofrecimiento.

Ambos niegan haber cometido alguna irregularidad.