Asi la capacidad de aguante frente a los cambios por parte de nuestra sociedad no fuera más que ésta, la que está entre las cacerolas por un lado y los D'Elía por el otro, dejando en el medio un océano de desinformados, desinteresados e irritables ciudadanos?

Lo cierto es que estamos hablando de intereses y no de volátiles abstracciones. El que debe defenderlos fusionados con los valores de justicia social es el gobierno. El campo puede especular sólo sobre la base de sus intereses y el precio del trabajo que los procura; o sea, la diferencia que hay entre la optimización de la parte frente a la optimización del todo.

Lo cierto es que habrá que entender para los que corren por izquierda al gobierno -hay quien dijo que debería preocuparse por el hambre en el mundo y no por esta vulgar puja por el ingreso- que el margen de factibilidad para la redistribución del ingreso no es otro que éste. Digo esto en un elogio al tan denostado posibilismo, pero no como punto de llegada sino de partida. Después estarán otras asignaturas como la instalación de un nuevo sistema tributario y pasos que transitan antes por la política que por la economía.

Se podrá reprochar la dilación en la solución del conflicto, pero cuidado: porque no se solucionaba con un simple regateo.

Después de esa aflojada al gobierno se le venían las otras actividades gravadas por los derechos de exportación. Inclusive lo que se ha censurado como tardío envío al Congreso del proyecto de las retenciones es posible que sólo ahora tenía sentido hacerlo. De haberlo hecho antes no se habría mostrado a la sociedad el grado de convicción que el gobierno estaba dispuesto a mostrar y defender. Lo mismo referido a los términos del proyecto. ¿Cómo podría haber enviado uno distinto del que había configurado su posición durante más de cien días? De cualquier manera, el gobierno está decidido a correr el riesgo de una modificación que nunca servirá para derogar las retenciones, ni siquiera para rebajarlas en su porcentaje de una manera significativa. Todo cambio que se sancione será útil para decretar un virtual empate en el que la fuerza de la ley valdrá para hacer cesar las interminables apelaciones que la sociedad soportó hasta ahora.

La solución institucional a la que, afortunadamente, nos dirigimos es esperar que salde el conflicto y hasta los dirigentes de las entidades del campo se sentirán aliviados y tendrán un buen argumento para llevar a sus bases para terminar con las medidas de fuerza. No olvidemos que sus representaciones tienen cobertura parcial de los productores, que muchos más son los llamados autoconvocados.

Una ley tendría una fuerza disuasiva, creemos que definitiva.

El empecinamiento de los K frente a las retenciones empieza a mostrarse como bien fundamentado. Innumerables publicaciones han demostrado la rentabilidad del campo aun con las retenciones móviles de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Otros han demostrado que el peso de los aumentos de los insumos no ha incrementado los costos más allá de un 5% en promedio.

Asimismo, a las exportaciones de cereales no las ha detenido el lock out: se incrementaron en más del 25% con respecto al último año, aun con la vigencia de las retenciones móviles. Y no creemos que nadie venda a pérdida.

La firmeza del gobierno, casi una autodefensa, no está basada en un capricho autoritario sino en abroquelarse en un aspecto básico de su programa económico: el superávit fiscal y comercial. Nos encontramos entonces con que, siendo legítimo, el reclamo de los productores fue demasiado obstinado; sobrepasando los códigos de una negociación política, sin solución de continuidad pasó de la negociación en curso a las medidas de protesta de acción directa. Cortes de ruta, desabastecimiento y decomiso de alimentos forman parte de un lista de daños que no parecen compadecerse con la entidad de lo que se reclamaba que, en suma, es menor presión fiscal en un escenario de prosperidad, presente y futura.

La crítica al gobierno pasa por la mala comunicación que sostuvo con su sociedad durante todo el conflicto y por la omisión en señalar que hay otras actividades que también deberían pagar derechos de exportación, como la minería. Se comunicó poco y mal. Sumado a ello, la prolongación del conflicto cerró en baja una peligrosa ecuación política: una pérdida de popularidad que pudo haberse atenuado.

No es un tema menor el de la comunicación porque su déficit puede llevar, en caso de una expeditiva aprobación en el Congreso omitiendo el debate, a una ausencia de convicción política. Restarle legitimidad a la norma del Congreso dejaría abiertas las puertas para una nueva embestida de quienes hoy son protagonistas del reclamo.

OSVALDO PELLÍN (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Ex diputado nacional del MPN 1985-1989 y 1993-1997. Ex convencional constituyente de Neuquén por Encuentro Amplio de Neuquén