Aquel Poder Judicial que Sobisch imaginó en la cámara oculta para no volver a trajinar los Tribunales, está lejos del que el viernes lo citó a declarar para que explique la orden de reprimir a los docentes que impartió el 4 de abril del 2007 y que le costó la vida a Fuentealba.
El ex gobernador tiene motivos para sentirse mal. Aunque finalmente no se lo acuse de ningún delito, el tribunal que ventila la causa por el asesinato del maestro no le ahorrará el mal rato de desfilar ante el estrado, ni el escrache de los docentes indignados, ni el escarnio de aparecer nuevamente en la prensa de todo el país como un vano aprendiz de candidato presidencial convertido en verdugo.
En una provincia donde la Justicia fue sometida sin contemplaciones por el poder político, costaría imaginar una escena tan saludable si no mediara el proceso de juicio político en curso contra las principales cabezas del Poder Judicial.
Con todo, los esfuerzos encarados por el oficialismo y la oposición para sanear, aunque más no sea mínimamente, la vapuleada Justicia neuquina, están aún lejos de haber fructificado en un Poder Judicial independiente.
Peor aún, tales desvelos podrían verse burlados si prospera la reacción a este cambio que palpita en el seno de la corporación judicial y que, entre otras cuestiones, amenaza con llevar a un callejón sin salida el juicio al vocal Eduardo Badano.
La situación es observada con preocupación en medios oficiales que temen que la resistencia a este saneamiento, indispensable para que la sociedad recupere la credibilidad en las instituciones, termine por empantanarse en una maraña de arteros recursos formales sólo aptos para iniciados.
Badano fue acusado y suspendido esta semana, pero ahora el quid de la cuestión es quién presidirá la sala juzgadora. La Constitución señala que debe ser el presidente del Tribunal Superior. Pero tanto su actual titular, Ricardo Kohon, como el subrogante natural, Eduardo Cía, fueron miembros del cuerpo que anuló la destitución de Mendaña, proceso por el que se le imputa mal desempeño a Badano.
El hecho es que Kohon se excusó esta semana prematuramente ante los integrantes de la sala juzgadora, quienes en definitiva forman parte de un tribunal que todavía no está constituido porque no ha jurado.
Cía, en cambio, aunque ha hecho saber que también se excusará, primero cumplimentará el trámite de tomar juramento a la sala. En la lista de subrogantes le siguen el fiscal del TSJ, Alberto Tribug, y el defensor Alejandro Gavernet, pero el primero fue también acusado en el jury que desembocó en la destitución de Mendaña, y el segundo fue el defensor oficial de este último. Luego seguirían, por sorteo, todos los camaristas, hasta llegar a los abogados de la matrícula.
El problema que ahora desvela a gobierno y oposición es que una cadena de excusaciones, en la que ven la mano oscura de la corporación judicial, termine por agotar el plazo con que cuenta la sala para pronunciarse dejando el juicio político, concebido como un escarmiento ejemplificador, en la nada.
En ese contexto, en los más altos niveles del gobierno evaluaban por estas horas la solidez de los argumentos que podrían exhibir para apartarse tanto Tribug como Gavernet y, en todo caso, destacaban que la posibilidad de aceptar o rechazar las excusaciones es potestad de la sala juzgadora, en la que el MPN tiene amplia mayoría.
Pero además, los sectores duros del gobierno advierten que, antes de admitir de brazos cruzados que el proceso se derrumbe, les sobran motivos para llevar a juicio también a los vocales del TSJ que hasta ahora han salido indemnes.
Si encauzar a los antiguos miembros del TSJ vinculados al sobischismo es un problema, no lo es menos su reemplazo por jueces independientes con respaldo legislativo pluralista como requieren los dos tercios que manda la Constitución.
El primero de los hombres propuestos por el gobernador, el juez federal Guillermo Labate, no ha merecido hasta el momento ninguna impugnación y, de confirmarse esta tendencia, su pliego llegará a la Legislatura hacia el 4 del mes próximo.
El segundo de los candidatos, el juez Marcelo Benavides, tampoco ha merecido impugnaciones pero ha sido cuestionado por el secretario de la Federación Judicial Argentina, Jorge Izquierdo, y por la CTA que, empero, hasta ahora no han presentado sus reparos formalmente.
Sin embargo, en el Ejecutivo observan que aún cuando no haya nada demasiado concreto contra este aspirante, su postulación se podría ver frustrada por ausencia de respaldo legislativo. Si bien no faltó quien señalara a Benavides como "el candidato de Quiroga", entre los diputados radicales no hay consenso para votarlo, y menos aún entre los justicialistas, que alegan no haber sido consultados.
Si el sapagismo no logra poner de acuerdo a los diputados de la oposición, tampoco consigue hacerlo con sus propios legisladores. Mientras el senador Lores y la diputada Alicia Comelli apoyaron con reservas la iniciativa del gobierno kirchnerista -del que Sapag se considera un aliado- sobre las retenciones móviles, sus pares José Brillo y Hugo Acuña, notorios ex sobischistas, se plantaron en la vereda opuesta.
En un gesto poco usual para un partido verticalista como el MPN, el gobernador dejó a los legisladores de su partido en libertad de acción sobre este tema crucial para el país.
Una explicación posible para tanta amplitud es que el actual mandatario todavía no ha logrado consolidar su proyecto de poder, y que si de todos modos no lo van a obedecer lo mejor que puede hacer es mostrarse tolerante.
Pero, sin perjuicio de que Sapag no ejerce aún un poder hegemónico otra lectura posible, que no excluye a la primera, es que en este espinoso asunto prefiere manejarse con suficiente ambigüedad como para evitarse problemas.
HÉCTOR MAURIÑO
vasco@rionegro.com.ar
