SAN ANTONIO OESTE (Especial).- El jefe Judicial de la Fiscalía de Estado, Eduardo Martirena, adelantó que la provincia iniciará en dos semanas una acción de desalojo contra las familias que ocuparon hace un mes y medio las instalaciones del ex centro minero de San Antonio.

"Si bien en un principio pensamos en presentar un interdicto evaluando mejor la situación, optamos por esta figura. Si el juez que lleva adelante el tema lo considera pertinente, esto nos permitirá solicitar la tenencia provisoria para la provincia, que es quien reclama y deja constancia de su potestad sobre el predio, antes de que se establezca una sentencia. Esto nos garantizaría que el lugar pueda ser rápidamente desocupado", expresó Martirena.

El funcionario destacó qué "con respecto a la documentación que debimos reunir para fundamentar que el predio es propiedad del Estado provincial sólo nos resta recibir del registro estatal un escrito para sumar a todos los reunidos para la presentación judicial, que realizaremos en quince días".

Las notificaciones que deberán cursarse a los ocupantes del lugar ya no desvelan a Martirena, quien manifestó que "estábamos preocupados porque nos faltaban datos para la identificación de todas las personas que debían anoticiarse acerca del inicio de la acción civil".

"Pero a través de un pedido que le realizaremos a la justicia penal, que ya recibió el informe donde se consignan las identidades de los integrantes de la toma, esto quedará resuelto", agregó.

Con respecto a la posibilidad de que se establezca un acuerdo que permita que las familias permanezcan en un sector del ex centro minero, el jefe Judicial indicó qué "si hay posibilidades de establecer algún tipo de compromiso, esto se escapa a la órbita que manejo, ya que será una decisión que deberán plantear los afectados directos, que son los referentes de Deportes y Minería de la provincia, que tienen el dominio sobre este predio".