SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Fracasó ayer la última instancia de diálogo planteada por el municipio para acordar una salida pacífica a la toma de las 120 viviendas que se resolverá en las próxima horas por la vía del desalojo compulsivo.

Los ocupantes consideraron insuficiente la oferta de tierras y materiales para la construcción realizada por el intendente Marcelo Cascón y volvieron a reclamar los derechos definitivos sobre las casas que usurpan desde el 11 de mayo. También reiteraron la decisión de hacer frente al desalojo "con sus propias vidas" cuando los funcionarios provinciales exhibieron los oficios judiciales librados por el juez Ricardo Calcagno a la Regional Tercera de la Policía y a la Gendarmería.

La mediación extrajudicial comenzó enrarecida por el rumor de nuevas usurpaciones en 11 casas del complejo habitacional, que rápidamente alcanzó el carácter de denuncia y tardó en ser desmentido por las autoridades.

Cerca del mediodía el jefe de la Regional Tercera, Jorge Villanova, confirmó a "Río Negro" que no hubo nuevas ocupaciones en el conflictivo plan habitacional pero que se había reforzado la seguridad con unos 15 efectivos por una rotura del cerco perimetral durante la madrugada.

La propuesta del municipio -con financiamiento de la provincia- consistió en un cupo de: lotes sociales, aportes para apoyo económico, materiales para recupero de vivienda, revisión de las adjudicaciones del IPPV y planes de autoconstrucción; a negociar con cada familia

Las alternativas fueron transmitidas a los protagonistas de la toma por la mediadora del Ministerio de Gobierno rionegrino, Ximena García Spitzer, que poco pudo hacer frente al escepticismo de sus interlocutores.

Uno de los ocupantes justificó la desconfianza relatando que "todas esas familias que se llevaron de acá prometiéndole ayuda todavía están en su ranchito con goteras, con frío, esperando que las visite una asistente social" en alusión a los casos "acuciantes" que el municipio se comprometió a asistir.

"La gente se fue porque confió en ellos (el municipio) y no le cumplieron, por eso volvieron" reafirmó una de las madres de la toma.

La frustrada negociación, improvisada en las calles del futuro barrio, se extendió durante más de una hora. Los ocupantes volvieron a cuestionar la ausencia de la Asesoría de Menores y los jueces de Familia. "Acá hay mucho menores desamparados, si se concreta el desalojo ¿a dónde van a ir a para?" pregunto Sergio Delfino.

Spitzer se excusó de no poder hacer más reconociendo ante un grupo de ocupantes que "me mandaron a último momento, cuando el juez ya había dictado el desalojo, para que quede la menor cantidad de gente posible y la represión no sea tan grande".

También se mostró comprensiva con la necesidad que aqueja a la mayoría de las familias de la toma, al tiempo que compartió las denuncias sobre desmanejos del IPPV y la falta de políticas concretas del gobierno provincia para atender la crisis habitacional que se extiende sobre todo el territorio rionegrino.

Pese al clima hostil que imperaba entre los ocupantes, que ya habían manifestado su decisión de resistir el desalojo a "cualquier costo", la mediadora repitió por última vez su propuestas de negociación: "¿Quién está dispuesto a escuchar propuestas que no sean quedarse en la casa?". La respuesta fue un contunde y unísono "ninguno".