El largo conflicto con el campo no sólo ha servido para tapar la crisis energética que según el titular de la Cámara Argentina de Gas Licuado es muy grave, sino que también ha ayudado a atenuarla puesto que muchas fábricas perjudicadas por los cortes de rutas que las privaron de insumos redujeron la producción y por lo tanto el consumo de electricidad. Siempre y cuando los ruralistas no opten por reanudar su paro, pues, algunos sectores industriales procurarán recuperar el terreno perdido en los tres meses últimos justo cuando el frío invernal previsto estimula la demanda que, a pesar del alivio posibilitado por las protestas agrarias, alcanzó a fines de la semana pasada un nuevo record histórico. Para satisfacerla, el gobierno tuvo que pedirle a un centenar de grandes consumidores instrumentar cortes "voluntarios" e importar 960 megavatios desde Brasil a un costo muy superior al imperante en el mercado local. De este modo logró superar el peligro del desabastecimiento planteado por una ola pasajera de frío, pero no hay garantía alguna de que tenga igual suerte en los meses próximos a menos que el invierno resulte inesperadamente templado.

Cuando de la energía se trata, el panorama ante el país es alarmante. Aunque una parte de los problemas que se han registrado últimamente en todo el territorio nacional pueda imputarse al paro agropecuario además, desde luego, de las repetidas protestas protagonizadas por los trabajadores petroleros, en el fondo el problema es "estructural" porque, a raíz de la brecha creciente entre los precios controlados por el gobierno y los vigentes en el resto del mundo, la oferta local se distancia cada vez más de la demanda. Asimismo, debido a la falta de gas atribuible a la escasa inversión en el sector y a la incapacidad de Bolivia de cumplir con sus compromisos, las centrales termoeléctricas funcionan, de manera poco eficaz, a base de fuel oil suministrado por Venezuela a precios de mercado. Y si bien la llegada a Bahía Blanca de buques enormes que operan como plantas flotantes de regasificación de gas natural licuado podría aumentar sustancialmente la oferta, el gas que aportan costaría más de dos veces el procedente de Bolivia y casi diez veces más de lo que perciben los productores nacionales. Dicho de otro modo, para asegurar el suministro de gas el gobierno tendrá que aumentar mucho los subsidios energéticos que ya le suponen al gobierno un gasto anual de alrededor de 13.000 millones de pesos, o permitir que se incrementen drásticamente los precios pagados por los consumidores.

En un esfuerzo por justificar la "estrategia" energética oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros voceros gubernamentales suelen insistir en que su objetivo principal es protegernos de las alzas fenomenales del precio del crudo y otras commodities en los mercados internacionales. Si sólo fuera cuestión de oscilaciones leves y pasajeras, el uso esporádico de subsidios para atenuar el impacto no plantearía demasiados problemas, pero por desgracia parece muy poco probable que los precios del petróleo y el gas vuelvan a los niveles de hace cinco años cuando el entonces presidente Néstor Kirchner eligió mantenerlos congelados para una proporción sustancial de los usuarios. Desde el 2003, el precio del crudo se ha septuplicado -la semana pasada, se acercó a 140 dólares por barril- y hay quienes vaticinan que pronto llegará a 200 dólares por barril o más, sobre todo si se produce una nueva convulsión en el Medio Oriente crónicamente inestable. Aunque las previsiones pesimistas de este tipo no se concreten, la mayoría de los especialistas da por descontado que el precio del crudo seguirá siendo mucho más elevado que en el 2003, razón por la que casi todos los gobiernos del mundo están preparándose para tomar medidas drásticas -y muy antipáticas- para adaptarse cuanto antes a la realidad así supuesta. ¿Los emulará el gobierno kirchnerista? Parecería que no. Además de querer brindar la impresión de que es más que capaz de resistirse a las presiones de los mercados, los Kirchner tienen motivos para temer que un aumento súbito de los precios energéticos desate una reacción pública fortísima, de suerte que no extrañaría que persistieran con la insostenible política actual hasta que las circunstancias los obliguen a abandonarla.