SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio se repuso al traspié sufrido con el Centro de Mediación Judicial promoviendo una nueva instancia de diálogo para destrabar la conflictiva toma de las 120 Viviendas, que tendrá lugar hoy a la 10, con la participación de "mediadores comunitarios".

La alternativa fue comunicada ayer en medio de un intercambio de recriminaciones entre el organismo judicial y el municipio, que puso de relieve el escaso margen que queda para negociar una salida pacífica a la ocupación del plan habitacional.

El intendente municipal Marcelo Cascón ratificó su intención de convocar al diálogo "sin alterar los plazos procesales" para desactivar la toma antes de que se produzca el desalojo compulsivo. Al mismo tiempo, atribuyó el fracaso de ayer a un malentendido y acusó al órgano de mediación judicial de desligarse del conflicto con "excusas burocráticas".

"El Cejume (Centro Judicial de Mediación) utiliza la excusa de que no presenté la nota, cosa que es cierto porque llegué tarde, pero más allá de eso terminaron admitiendo públicamente que no hubieran participado en esta cuestión. Entonces lo de la nota es una excusa", enfatizó.

El malentendido habría pasado por el eventual compromiso que podía generarle al poder judicial la instancia de mediación propuesta y la colaboración solicitada. "Nosotros en ningún momento le pedimos a (juez Ricardo) Calcagno autorización para esto, ni pedimos que aceptara o rechazara", aclaró Cascón.

El mandatario reconoció que queda poco tiempo y que no habrá acuerdo sin una propuesta concreta para los ocupantes. "Obviamente, nos vamos a sentar para ver si encontramos caminos alternativos que, teniendo en cuenta la necesidad que está planteada en Bariloche, nos permitan una solución alternativa al desalojo por medio de la policía" dijo.

"Río Negro" preguntó si las alternativas las tendría que traer provincia.

"Las tendría que traer provincia y, eventualmente la municipalidad podrá plantear algunas alternativas con el acompañamiento provincial", respondió.

Abogados vinculados a la causa advirtieron en tribunales que "no hace falta que medie nadie para que el gobierno provincial o el municipal ofrezcan algo a los ocupantes que los aliente a dejar las viviendas".

Por su parte, el juez Calcagno mantuvo estricta reserva sobre el estado de la causa que a la que sólo restaría que se libre el mandamiento a la fuerza pública para que proceda al desalojo.

Ayer por la mañana el magistrado recibió a un grupo de adjudicatarios del plan habitacional, quienes le pidieron que agilice el proceso para poder acceder a las viviendas. "Fuimos a pedirle al juez que desaloje las casas cuanto antes porque tenemos necesidades", confirmó María, una joven madre de cinco niños que acompaña al grupo de familias apostadas en el municipio.

La mujer cuestionó a la intransigencia de los ocupantes. "Se hicieron las encuestas sociales y todo lo que pidieron, se constató que los adjudicatarios tenemos necesidades reales. Ahora que desocupen las casas" reflexionó.

Cristina, otra de las adjudicatarias damnificadas por al toma, desahogó su malestar: "Yo también tengo cinco hijos, de 20 a 4 años, y no por eso fui a ocupar una casa" resumió.