De haberse celebrado hace tres meses un debate parlamentario acerca de las retenciones móviles, una mayoría amplia de los legisladores no hubiera vacilado en aprobar a libro cerrado la propuesta del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero desde entonces mucho ha cambiado. Por primera vez en muchos años, los diputados y senadores se sienten obligados a tomar en cuenta la opinión no sólo del Poder Ejecutivo sino también la de quienes los votaron, lo que plantea un dilema angustiante a los acostumbrados a la versión kirchnerista de la obediencia debida. Aunque siguen temiendo a un matrimonio que con toda seguridad tratará de castigar a quienes se atrevan a desafiarlo, entienden que en las elecciones próximas los votantes podrían aprovechar la oportunidad para repudiar a quienes anteponen su "lealtad" hacia los Kirchner a los intereses de los distritos que por lo menos en teoría representan.

Si bien se prevé que el gobierno reciba la sanción de una ley levemente modificada que le permita continuar apropiándose de una proporción mayúscula de los ingresos del campo, nadie ignora que podría producirse una sorpresa. Si esto ocurriera, no sería porque los legisladores oficialistas hayan decidido ponerse a la altura de sus responsabilidades o porque después de estudiar el pro y el contra de la medida gubernamental hayan llegado a la conclusión de que deberían rechazarla, sino porque estiman que les convendría despegarse de una pareja cuya popularidad se ha desplomado en las semanas últimas. Por desgracia, en nuestro país sólo una minoría de los legisladores cumple sus funciones pensando en el procomún. Los demás, conscientes de que su futuro depende de la voluntad de sus jefes, se limitan a acatar las órdenes del mandamás de turno sin preocuparse en absoluto por los eventuales méritos de las políticas que aquéllos impulsan. De lo contrario, nunca se les hubiera ocurrido ratificar automáticamente los llamados superpoderes a pesar de que la emergencia que originalmente sirvió para justificarlos ya quedaba superada.

Para los legisladores, pues, el debate en torno de las retenciones móviles y su desenlace constituyen una prueba muy importante. Del resultado, dependerá el juicio de la ciudadanía sobre la idoneidad de cada uno de ellos: el que en las elecciones municipales de Río Cuarto ganara un radical opuesto a los Kirchner y que el candidato peronista haya minimizado sus vínculos con la Casa Rosada ya les habrá servido de advertencia. Asimismo, el que según las encuestas de opinión haya mejorado sustancialmente la imagen pública de gobernadores como el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Hermes Binner, que se negaron a acompañar a los Kirchner, pero se haya deteriorado de manera abrupta la del bonaerense Daniel Scioli y del chaqueño Jorge Capitanich, cuya conducta fue considerada servil, significa que los parlamentarios sabrán lo que les espera si se difunde la impresión de que han privilegiado su relación con los dueños de la caja presidencial. Por cierto, si insisten en votar en favor del esquema de retenciones móviles propuesto por el gobierno sin intentar introducir cambios, tendrán que convencer a los votantes que lo hacen por motivos más dignos que los supuestos por el deseo de ahorrarse la ira de los Kirchner o de seguir disfrutando de los beneficios que les supone contar con su aprobación.

En el Parlamento está en juego mucho más que el destino de los miles de millones de dólares generados por las exportaciones de soja y otros productos agropecuarios. También lo está una forma de hacer política que es autoritaria y a menudo amenazadora en la que casi todo el poder está concentrado en las manos de muy pocas personas sin que instituciones supuestamente representativas, en primer lugar el Congreso de la Nación, cumplan su función de controlarlas. Hasta hace apenas tres meses pareció que el grueso de la ciudadanía estaba dispuesto a tolerar esta situación escasamente democrática por suponer que dependía de ella la salud de la economía, pero a juzgar por la reacción de buena parte de la población ante la rebelión del campo la mayoría está harta de la prepotencia oficial y, por fin, quiere que el sistema político del país sea el de una democracia de verdad, no uno apropiado para una dictadura electiva.