VIEDMA (AV).- El Fondo provincial Frutícola no se conformó y no tiene recursos aunque la ley de creación ya superó los cinco años.
Ese fondo -que se encuadró en la ley de Transparencia de Frutícola- directamente "aún no se ha integrado y, por lo tanto, a la fecha aún no se ha ejecutado". Así lo confirmó formalmente el secretario de Fruticultura, Carlos Colavita, a cargo de la autoridad de aplicación.
Esa reserva frutícola se conformaría con asignaciones específicas. Por caso, se precisa -según el artículo 23 de la ley 3.611- que se formará con "el 30 por ciento de los recursos que el Estado obtenga de la explotación del Puerto de San Antonio Este más otros aportes y recursos provinciales y nacionales que se destinen a la actividad frutícola". El canon portuario fue estimado para el 2008 en unos 400.000 pesos, es decir, 120.000 anuales corresponderían al mencionado porcentaje. Este monto totalizaría unos 600.000 pesos en los cinco años.
También se asigna al Fondo aquellos beneficios impositivos suspendidos, que consisten en exenciones impositivas graduales para la actividad primaria, las empacadoras e industrializadoras, y las comercializadoras registradas en la Secretaría de Fruticultura.
En la escueta respuesta, el secretario Colavita respondió a un pedido de informes del bloque de Encuentro, que preside Luis Bardeggia. El requerimiento incluía seis preguntas para conocer los montos ejecutados del Fondo en el 2004, 2005, 2006 y 2007. También solicitaba destinatarios de créditos y los orígenes de los recursos.
Colavita fue categórico en la contestación de un párrafo. "No se han producido hasta la fecha movimientos en el Fondo Especial de Desarrollo y Emergencia Frutícola por cuanto el mismo aún no se ha integrado y, por lo tanto, a la fecha aún no se ha ejecutado", respondió el secretario a la Legislatura, en nota con fecha del 23 de mayo.
Pese a esa contundencia, Colavita no respondió a la última pregunta del pedido de informe que bien correspondía. El requerimiento solicitaba que "se expliquen los motivos" si "no existieron movimiento del Fondo Especial".
La ley 3.611 fue sancionada en enero del 2002, pero se aplicó a partir del 2003. El Fondo pretende alentar la promoción "del desarrollo de la actividad, asistir a productores en situaciones de contingencias climáticas, generar información, investigación y todo otro aspecto relacionado con la sustentabilidad del Complejo Frutícola".
El gobierno de Miguel Saiz insistió últimamente en solicitar aportes nacionales para inyectarlos en ese Fondo, incluso se reiteró en el debate por las retenciones al sector frutícola para que parte de esa recaudación vuelva a la provincia con ese objetivo.
Por otra parte, recientemente, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) acordó con Río Negro una asistencia de 660.000 pesos para iniciar la organización del Plan de Transparencia Frutícola.
La autoridad de aplicación del Fondo es la secretaría de Fruticultura, y además existe una comisión de respaldo y complementación. La misma se integra con el secretario de Fruticultura, dos representantes de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, dos del sector compuesto por el empaque, la industria y comercialización (CAFI), otros dos miembros por la Cámara de Industria y Exportación de Jugos Concentrados de Manzanas, Peras y Afines" (Cinex) y dos legisladores, uno de la mayoría y otro de la minoría.
