Durante los últimos años, la debilidad de las instituciones democráticas de representación y el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social y política han contribuido a trasladar, al ámbito judicial, conflictos que solían dirimirse en otros espacios sociales.

Consciente de ello, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) viene, desde hace diez años, realizando un uso estratégico del litigio como instrumento de incidencia e invocación del derecho internacional de los derechos humanos, para demandar la protección jurisdiccional de personas y grupos usualmente débiles y vulnerables.

Se trata de una tendencia marcada por el impulso de las organizaciones de la sociedad civil y por innovadoras decisiones judiciales que han abierto el camino para la utilización generalizada del derecho internacional de los derechos humanos.

El trabajo del CELS ha explorado esta aptitud del litigio para constituirse en herramienta de incidencia en las políticas públicas. Su experiencia se halla ahora resumida en un reciente libro titulado: "La lucha por el derecho. Litigio estratégico y derechos humanos", que sistematiza y analiza buena parte de los más de cien casos que ese organismo litiga en los tribunales argentinos y ante organismos internacionales de derechos humanos.

Puede leerse allí el tratamiento de problemas como la impunidad, la violencia institucional, las condiciones de detención, la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, la independencia de la magistratura, la respuesta estatal frente a la protesta social, el acceso a la información y los derechos de inmigrantes y de pueblos indígenas.

Mediante distintas causas judiciales es posible develar y explorar patrones de conducta ilegales y/o estructuras desde las que sistemáticamente se violan los derechos humanos. Pero también es posible generar una herramienta útil para promover derechos no garantizados, tanto por las propias insuficiencias del Estado como porque su protección efectiva sólo se activa a partir del reclamo de los grupos afectados.

El litigio en derechos humanos procura operar sobre el vínculo en la esfera judicial y la política, a partir del reconocimiento constitucional de derechos y de nuevos mecanismos procesales de representación de intereses.

Puesto que someter a la consideración de los tribunales los conflictos que están ausentes de la agenda de los poderes políticos es un modo de insertarlos en la discusión pública y otorgarles visibilidad. De ese modo, el litigio estratégico es recurso y herramienta fundamental para un programa de expansión de derechos y de incidencia en políticas de derechos humanos.

La elección de los casos se vincula con la posibilidad de que el litigio que se emprende sea también una iniciativa del grupo social que lo demanda, porque allí radica la apuesta de que los derechos se expandan y se aseguren en la arena política democrática.

A su vez, la consagración constitucional de tratados internacionales que resguardan derechos ha obligado poco a poco a los tribunales a entablar, con respecto a los poderes políticos, una relación de contralor en la adecuación de las políticas públicas a los nuevos estándares de derechos humanos.

El planteo en el ámbito judicial de conflictos públicos o que trascienden lo individual intenta introducir temas en la agenda del debate social, cuestionar los procesos de definición, los contenidos, sus potenciales impactos sociales y la implementación de políticas de Estado.

De este modo, la esfera judicial no se presenta exclusivamente como un espacio de resguardo de los derechos que se pretenden ejercer en el plano social o institucional, sino también como un ámbito a través del cual es factible transmitirle demandas al Estado, fiscalizar o impugnar sus decisiones y dialogar o confrontar con sus diferentes instancias y con los demás protagonistas del conflicto.

El litigio estratégico resignifica el derecho al convertirlo en un instrumento alternativo de protección y promoción de ciertas personas, grupos e intereses habitualmente soslayados en la práctica judicial. Y ello es así, en lo fundamental, debido a que su objetivo no apunta a "ganar" casos, sino en cambio a efectivizar derechos.

MARTÍN LOZADA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Juez de Instrucción y profesor de Derecho Internacional Universidad FASTA, Bariloche.