Los ocupantes de las 120 viviendas rechazaron las alternativas propuestas hoy en la instancia de mediación con autoridades municipales en el Centro Administrativo Provincial. Ante el fracaso de esta nueva instancia de diálogo el proceso judicial sigue su curso por lo que el desalojo sería inminente.
Representantes de las 60 viviendas indicaron hoy que la única manera de desalojar de manera voluntaria las casas es "un techo por un techo".
"Una tensa jornada se vivió después del mediodía en las 120 viviendas del IPPV que desde hace 44 días están ocupadas por unas 60 familias que permanecen en el lugar", indicó la agencia noticias ADN.
El municipio se comprometió a otorgarles lotes sociales, aportes financieros, materiales para el recupero de las viviendas que poseen, planes de autoconstrucción de viviendas y la revisión de adjudicaciones de viviendas sociales de años atrás que podrían estar en situaciones irregulares.
Por la mañana dos referentes de los ocupantes participaron de una mesa de diálogo con las autoridades. Al término del encuentro llevaron la propuesta del gobierno de realizar “ofertas” a cada familia en particular.
La mayoría rechazó cualquier tipo de oferta y mostraron preocupación ante la posible llegada del desalojo que ejecutaría la Gendarmería Nacional ante una negativa del Gobierno provincial y la Policía de Río Negro de intervenir.
Preparados ante un posible desalojo por la fuerza y con la postura de enfrentarse a las fuerzas de seguridad, las familias recibieron luego la visita de la mediadora que esbozó las propuestas del municipio para lograr un acuerdo y se llevó una “contrapropuesta” de los usurpadores que sería analizada por el Gobierno.
Los ocupantes pidieron que se les otorgue una vivienda o permanecer en las mismas unidades ocupadas, además reclamaron la instalación de la luz y el gas; y que el IPPV “aparezca” con la idea de revisar las viviendas que ya fueron entregadas en planes anteriores donde se cometerían irregularidades como subalquileres.
Consultada por ADN, García Spitzer, aseguró que el juez que instruye en la causa, Ricardo Calcagno, libró la orden de desalojo ayer y que la medida es inminente.
De todos modos, los ocupantes ratificaron que continuarán “hasta las últimas consecuencias” y sembraron dudas sobre la concreción de las propuestas realizadas por la Municipalidad para que abandonen las viviendas.
En las viviendas permanecen cerca de 60 familias y algunas nuevas habrían llegado en la noche de ayer, aunque autoridades provinciales y policías negaron que existan nuevas casas tomadas. También hay más de 150 niños, según indicaron los ocupantes.
