SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, aclaró que la mediación "con el aval del juez" es una buena oportunidad para resolver en forma pacífica la toma de las 120 viviendas, pero advirtió al municipio y la provincia que si no aportan "solución real y tangible" no habrá acuerdo.

La funcionaria descartó la preocupación planteada el viernes, antes de que el juez Ricardo Calcagno diera lugar al nuevo proceso de mediación institucional impulsado por el municipio, que reunirá en torno a una misma mesa de diálogo a todas las partes involucradas en la conflictiva ocupación.

A la par hizo un llamado de atención sobre el cambio de actitud que deben adoptar los estados provincial y municipal si quieren alcanzar un acuerdo con los ocupantes que llevan más de 40 días instalados en el complejo habitacional.

"El conflicto con estas 60 familias no lo van a solucionar si no les dan algo, y lo concreto es un terreno y préstamo en materiales, una casa, un alquiler; no van a poder sacarlos de otra manera", puntualizó.

La Defensora volvió a instar a provincia y municipio a articular soluciones habitacionales concretas para las más de 6.000 familias que carecen de vivienda en Bariloche. "Acá se está priorizando mal, el problema no es que no haya plata sino en qué su usa... quién sabe los millones que se van a invertir en el aeropuerto de Jacobacci", observó.

"La municipalidad además de acompañar, asesorar y brindar los ámbitos, tiene que garantizar los derechos y acá en el problema de la vivienda no sólo está vulnerado el derecho a la vivienda, están vulnerados todos los derechos. En esos ranchos de Bariloche donde no hay cómo combatir el frío del invierno no hay salud ni hay educación, porque esos chicos cuando van a la mañana a la escuela difícilmente aprenden algo", reflexionó. También le señaló obligaciones incumplidas a la Secretaría de Trabajo de la provincia por la falta de control del empleo en negro que termina excluyendo de los planes Fonavi a las franjas más vulnerables de la sociedad.