TARIJA, Bolivia (AFP y AP).- Tarija, el mayor reservorio de gas natural de Bolivia, se apresta a aprobar hoy su autonomía en un referendo que el gobierno del presidente Evo Morales considera ilegal, con lo cual se une a otras tres regiones que ya se declararon autónomas y amplía la tensión política que vive el país.
Ubicado en el extremo sur boliviano, frontera con Argentina y Paraguay, Tarija, que cuenta con 391.226 habitantes y un padrón electoral de 173.231 personas, concentra el 85% de las reservas de gas boliviano, las segundas más importantes de América del Sur, con 1,36 billones de metros cúbicos. Expertos señalaron que la crisis política que vive Bolivia tiene que ver con la reconstrucción de un nuevo estado desde el centralismo que prevalece desde 1825 cuando se creó la república a otro más descentralizado, pero el proyecto po
lítico de Morales que habla de un estado plurinacional y es estatista, se contrapone a la visión de grupos conservadores que alientan las autonomías.
Un canal de televisión fue blanco de un atentado con explosivo que provocó daños materiales la madrugada de ayer en la ciudad de Yacuiba en el Chaco y la policía detuvo a un militar como principal sospechoso, informó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Opositores de Cosío bloquearon la ruta que une la ciudad de Yacuiba en el Chaco con la capital Tarija, informó la emisora Fides desde aquella localidad
El sufragio durará ocho horas continuas, no está autorizado por el máximo tribunal boliviano y es considerado ilegal por el gobierno.
Otras tres regiones rebeldes encabezadas por la rica y poderosa Santa Cruz, junto a Beni y Pando, llevaron a cabo sendos referendos sobre estatutos autonómicos entre mayo y junio. En Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando triunfó previamente el Sí a las autonomías departamentales en un referendo nacional legalmente convocado por el gobierno de Morales en julio del 2006. Una fallida Asamblea Constituyente, que debía incorporar las autonomías en un nuevo texto constitucional, aprobó una carta de sesgo estatista, resistida por la derecha y respaldada por Morales, que desencadenó una crisis política que prevalece desde el año pasado y amenaza con profundizarse.
El cierre de la cadena de consultas autonómicas no autorizadas desembocará, según todos los indicios, en una fuerte confrontación entre la derecha, que sustenta las autonomías, y el gobierno de Morales, prolongando la crisis política nacional. Ese escenario podría dilucidarse el 10 de agosto cuando en un referendo pongan en juego sus cargos el presidente Morales.
