VIEDMA (AV).- La Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, recomendó al gobernador Miguel Saiz que agote las gestiones tendientes al reconocimiento y pago a todos los jubilados rionegrinos del 82 por ciento móvil en relación al sueldo de los activos. Advirtió la funcionaria que de no recibir respuesta satisfactoria por parte del mandatario, recurrirá a la Justicia para hacer valer el derecho de los pasivos provinciales, previsto en el artículo 40 de la Constitución de Río Negro.

El expediente en cuestión ingresó ayer al mediodía a la Casa de Gobierno.

Su origen se funda en sucesivos reclamos de jubilados de la provincia, quienes mediante distintos mecanismos hicieron conocer sus requerimientos de obtener este beneficio previsional. "La cuestión planteada reviste trascendencia social por involucrar derechos de incidencia colectiva en ciudadanos rionegrinos, traducidos en la expectativa de una vida digna, salud, buena alimentación, vestimenta, vivienda", sostiene Piccinini en su documento.

La Resolución N° 1318 del 28 de setiembre de 2006 de la Defensoría del Pueblo, instruyó a los asesores legales del organismo para que procedan al estudio pormenorizado del tema en cuestión.

Piccinini contempla la Constitución Provincial en sus artículos 40 y 58 y vasta jurisprudencia para sostener su solicitud.

Además, la defensora llama la atención acerca de que en estos momentos el Estado Provincial y el Nacional a través de la Anses llevan adelante gestiones tendientes al reconocimiento del 82 por ciento móvil, pero sólo "para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Río Negro, mediante una pretendida aplicación de la ley nacional 24018 que los equipara con los jueces federales".

Alertó Piccinini que "dicha equiparación resulta innecesaria a la luz de postulados constitucionales" mencionados. La funcionaria informó que de no obtener respuestas del Ejecutivo provincial presentará recursos extraordinarios para hacer valer esos derechos.

Los números

Se calcula que, de dar curso a esta implementación, se verían beneficiados unos 12.400 jubilados, que verían incrementados sus ingresos en entre un 20 y un 30 por ciento. A los actuales 25 o 30 millones de pesos que anualmente destina la Anses para cancelar esos haberes previsionales, la Provincia debería agregar otros 10 millones para sostener tales incrementos.