El martes, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviaría al Congreso de la Nación un proyecto de ley de retenciones móviles para que los diputados pudieran ratificarlas o rechazarlas, buena parte del país se permitió un suspiro de alivio por creer que por fin el gobierno asumiría una actitud más flexible frente a los productores rurales. El día siguiente, la presidenta se las arregló para devolver las cosas a su estado anterior al pronunciar una arenga furibunda ante una multitud congregada en Plaza de Mayo en la que, una vez más, descalificó con dureza a los productores rurales. Para sorpresa de nadie, el campo reaccionó ante el desafío prolongando el paro por algunos días más, mientras que diversos políticos, entre ellos algunos referentes peronistas, criticaron con severidad la alocución presidencial que a su juicio sólo sirvió para hacer aún más difícil encontrar una solución para un conflicto que ya ha tenido un impacto devastador en algunas economías rurales y que, de extenderse mucho más, pondrá un fin abrupto al período de crecimiento excepcional que el país disfruta desde comienzos del 2003.

La causa del retroceso fue, cuando no, la decisión de los jefes kirchneristas de celebrar otra manifestación típicamente peronista frente a la Casa Rosada "para defender la democracia" a pesar de que el responsable de la idea fuera el piquetero Luis D'Elía quien, poco antes, había hablado de manera tan provocativa que centenares de miles de personas en toda la geografía nacional salieron a la calle con sus cacerolas para repudiarlo. Asimismo, aún les dolía aquella manifestación ruralista en Rosario en la que participaron aproximadamente 300.000 personas sin que ningún cacique sindical, intendente municipal o puntero partidario tuviera que levantar un dedo para movilizarlas. En comparación con aquel acto, la manifestación organizada por los peronistas en Plaza de Mayo fue un suceso meramente rutinario. Una proporción muy significante de los entre 50.000 y 60.000 que participaron -los 200.000 de la imaginación oficial sencillamente no cabrían en el lugar - lo hizo a cambio de dinero, se declaró un asueto para muchos funcionarios del gobierno, sindicalistas e intendentes fletaron micros y así por el estilo con el propósito de hacer pensar que el kirchnerismo sigue siendo una fuerza avasalladora.

El que para lo que fue un acto partidario los organizadores se apropiaran una vez más de la cadena nacional de radio y televisión no fue lo más alarmante del abuso de poder, y del dinero aportado por los contribuyentes, así supuesto. En las tandas publicitarias que se difundieron con la esperanza de convencer a la ciudadanía de que la democracia corría peligro, el gobierno trató a los dirigentes de las cuatro entidades rurales como si fueran enemigos del pueblo, una acusación que repitió Cristina en su discurso afirmando que "acá hay cuatro personas a las que nadie votó y quieren mandar". Lo entienda o no la presidenta, la modalidad persecutoria adoptada por los propagandistas oficiales, que virtualmente invitaba al "pueblo" a castigar a los líderes ruralistas, está reñida con la democracia que tanto le gusta reivindicar.

Lo que el país más necesita es que los voceros del gobierno bajen los decibeles y dejen de emplear un lenguaje propio de tiempos prebélicos. Al hablar tanto de golpes de Estado, oligarquías y todo lo demás, brindan a los tentados por la violencia, como los seguidores de D'Elía y otros de mentalidad similar, como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno -que según se informa ha organizado una especie de fuerza de choque- pretextos para atacar físicamente a quienes supuestamente están procurando tomar el poder. Pero por desgracia, ni Cristina ni su marido parecen ser conscientes de lo peligroso que es atizar alegremente las pasiones políticas en el contexto actual. Aunque hasta ahora el conflicto entre el gobierno y el campo ha sido relativamente pacífico, en cualquier momento podría producir incidentes graves que provocarían una conflagración generalizada que, es innecesario decirlo, perjudicaría mucho más a la democracia todavía frágil que impera en el país, que el enfrentamiento con los productores rurales ocasionado por la introducción de las retenciones móviles.