SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Ricardo Calcagno aceptó la realización de una nueva mediación, el próximo lunes a las 10, para evitar el desalojo compulsivo de las 60 familias que permanecen en las 120 viviendas del IPPV.
La información fue confirmada a "Río Negro" por la oficina de prensa de Tribunales. En tanto, desde el municipio se informó que fueron convocados los representantes de la toma, de los adjudicatarios, del Deliberante, el fiscal Guillermo Lista, funcionarios del Ministerio de Gobierno y del gabinete, que tendrán la responsabilidad de acordar una "salida pacífica" al conflicto.
El encuentro se realizará en la sede del Centro Judicial de Mediación, que se comprometió a brindar asistencia profesional para favorecer la negociación.
Los adjudicatarios del conflictivo plan se sumaron ayer a las medidas de fuerza, instalando una especie de campamento en la sala de Prensa del municipio, donde se quedarán a vivir con sus familias hasta que les entreguen las viviendas.
"Acá hay familias con necesidades concretas, constatadas por asistentes sociales, que no pueden seguir esperando y a medida que se venzan los alquileres o se arruinen sus casillas se van a venir a vivir aquí", anticiparon los delegados que llevan más de un mes de guardia activa en el Centro Cívico. También reclamaron la presencia de la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, para "ver si tenemos los mismos derechos que los ocupantes de las casas". En declaraciones al programa "El Monitor" la defensora advirtió que la nueva instancia de mediación no procede porque existe una orden de desalojo con plazos procesales vigentes y abogó porque la medida se cumpla "con la menor violencia posible".
Una semana complicada
La problemática habitacional exhibió esta semana situaciones emergentes de alto voltaje, como la escalada de reclamos en torno a las 120 Viviendas y los amedrentamientos en la toma del Cerro Ventana, que dan cuenta del hartazgo social ante la falta de respuestas.
En contrapartida el Ejecutivo empezó a dar forma a su "política integral" del tierras y viviendas, convocando a las organizaciones del sector a trabajar en forma "coordinada" con los funcionarios del gabinete.
Por su parte, el concejal del ARI, Darío Rodríguez Duch, impulsó un proyecto para declarar el "estado de emergencia habitacional" en la ciudad que, de ser aprobado, dotará al municipio de "herramientas efectivas" para solucionar la grave crisis de viviendas "en el corto plazo".
La iniciativa, puesta a consideración del Deliberante, permitiría articular soluciones alternativas a través de la Mesa Permanente de Trabajo Interdisciplinaria, que mantendrá su vigencia hasta la puesta en funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda.
El proyecto de ordenanza confiere a la "Mesa Permanente" las facultades de: promover la declaración de "interés social" sobre lotes privados o públicos destinados al "hábitat social", y proponer la adquisición o expropiación de los mismos
También la habilita a: solicitar la suspensión "por tiempo determinado y con causa fundada" de desalojos para promover acuerdos extrajudiciales; generar espacios de diálogo en conflictos entre propietarios privados y ocupantes con intervención de los organismos públicos municipales.
