LA HABANA (DPA/AFP) - La disidente cubana Martha Beatriz Roque denunció ayer la "detención" de seis opositores, entre ellos Jorge Luis García "Antúnez", en una acción que atribuyó a la "impunidad" que a su juicio ha adquirido el gobierno de la isla con el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea.
Según la portavoz de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC), "Antúnez", su esposa Iris Pérez y otras cuatro personas estaban realizando una protesta frente a la dirección provincial del Ministerio del Interior en la ciudad de Matanzas, a 140 kilómetros de La Habana, cuando fueron detenidos.
"Antúnez estaba a las diez de la mañana conversando por teléfono con una organización de Miami cuando dijo: 'me vienen a detener'", explicó Roque, según la cual desde entonces no han vuelto a tener noticias de los disidentes. "Antúnez" fue liberado el año pasado tras pasar 17 años en la cárcel, en una de las condenas más largas que cumplió un disidente.
El opositor y la propia Roque fueron acusados públicamente las pasadas semanas por el gobierno cubano de haber recibido dinero a través de la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) procedente del anticastrista Santiago Alvarez, quien cumple una condena en una prisión norteamericana por posesión ilegal de armas y a quien La Habana acusa de terrorismo.
Para Roque, la "detención" de los seis disidentes "está relacionada con la impunidad que el gobierno adquiere bajo la situación de la UE".
El bloque europeo decidió la víspera levantar las sanciones impuestas en 2003 -y que de hecho estaban congeladas desde hace dos años- a Cuba, tras la detención de 75 disidentes, entre ellos Martha Beatriz Roque, y su condena a largas penas de cárcel. Actualmente 55 de los opositores permanecen en prisiones de la isla.
"A nadie le interesa que haya terrorismo de Estado en Cuba", criticó Roque, según la cual con su decisión la UE le ha dado un "espaldarazo" a la "impunidad" del gobierno de la isla.
Las medida de la UE son vistas como un espaldarazo al presidente Raúl Castro en su política de cambios en Cuba al abolir sanciones impuestas en 2003.
Aunque el gobierno no reaccionó aún públicamente, los diarios informaron del acuerdo con una misma nota en la que calificaron de "injustas" las medidas impuestas por el arresto de "contrarrevolucionarios, pagados y avalados" por Estados Unidos.
