"Si algo puede afirmarse categóricamente, sin incurrir en dogmatismo alguno, es que nada de lo acontecido en la Fábrica Militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 puede atribuirse a accidente, descuido o casualidad", advirtió ayer la Cámara Federal de Río Cuarto, al convalidar que habría existido un plan para ocultar la venta ilegal de armas.

El fallo viene a confirmar el largo derrotero que tuvo la causa judicial que, durante doce años, analizó el caso como un simple accidente. "Esto ha sido un accidente. Ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras. Descarten absolutamente que esto haya sido un atentado", advirtió en aquel momento a la prensa el entonces presidente Carlos Menem cuando viajó a la zona del desastre luego de los estallidos.

Menem está imputado en la causa y el juez Oscar Valentinuzzi debe resolver si incurrió en estrago doloso agravado por la muerte de siete personas, en el marco de una explosión que habría sido planificada para tapar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

En el 2003 un peritaje oficial reveló que las explosiones del 3 de noviembre de 1995 fueron cuidadosamente organizadas y que los siete muertos y centenares de heridos fueron víctimas de un atentado. Fue así que el primer juez que había estado a cargo de la causa, Luis Martínez, se apartó del caso y se asignó el caso a un abogado laboralista, Diego Estévez, que dictó los sobreseimientos de los imputados, en un fallo que citaba un sitio de internet que usan los estudiantes llamados "Rincón del Vago.com". Apartado Estévez, la Cámara Federal anuló las resoluciones en el 2006 y designó al juez Valentinuzzi, quien apoyó la línea del fiscal Carlos Stornelli y la querellante Ana Gritti, que afirma que los autores del atentado quisieron borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia.