SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez en lo Civil y Comercial Carlos Cuéllar condenó a la CEB a pagar a las constructoras Alusa SA y Arlon SA la suma de 225.470 pesos más IVA e intereses por la actualización del costo de una obra que quedó paralizada durante la crisis de diciembre de 2001.

El presidente de la Cooperativa, Omar Goye, dijo que el fallo "tiene cosas que son para apelar" pero a priori lo consideró favorable, porque las demandantes habían solicitado una compensación mucho mayor. "Les ahorramos a los usuarios más de $ 1.600.000" fue su interpretación.

Arlon y Alusa habían sido contratadas por la CEB en diciembre de 2000 para construir el colector cloacal Oeste desde Melipal hasta el Centro Atómico (unos 6 kilómetros) y llegaron a ejecutar un 80 por ciento de la obra.

Como en otros juicios surgidos por diferendos económicos post devaluación, el juez Cuéllar aplicó el principio del "esfuerzo compartido" y definió el monto del ajuste a partir de una pericia realizada por el ingeniero Marcelo Ruival con acuerdo de ambas partes.

La sentencia abunda en cuestionamientos a las decisiones de política económica que precipitaron la revisión de miles de contratos.

"La emergencia pública del bienio 2001/2002, que llevó a la ya tristemente célebre devaluación, no sólo excedió cualquier parámetro medianamente serio de previsibilidad, aun en un país naturalmente desquiciado como Argentina, sino que decididamente constituye el peor lado posible de la endémica decadencia estructural que viene signando nuestra triste historia", escribió el juez.

Agregó que la actualización planteada "no procura la recomposición absoluta del equilibrio inicial sino sólo expurgar al contrato de la injusticia que las nuevas circunstancias le han impuesto por la incompetencia de quienes administran el país".

La pericia determinó que el monto a cancelar debía ser de 450.940 pesos y el magistrado consideró "justo y razonable" distribuir esa carga provocada por la emergencia económica "de modo que sea soportado por partes iguales" entre la CEB y sus contratistas. En consecuencia, decidió imponer a la CEB la obligación de pagar a sus contrapartes $ 225.470, con un interés del 16 % anual desde junio de 2002 más el IVA pactado.

El contrato original, hace casi ocho años, había sido firmado por 832.360 pesos más IVA y al momento de la demanda la CEB llevaba pagados 550.795 pesos. Según lo acordado con las empresas, la financiación sería por medio de pagarés en dólares, una cláusula que Goye consideró "inaceptable", en abierta crítica a su antecesor Leonardo De Ferrariis.

El juez observó que el contrato estaba pactado en pesos y consideró "improcedente" ajustar la deuda por coeficiente CER, como reclamaron las empresas. De todos modos, creyó indispensable cargar a la CEB con "una proporción del desfasaje" derivado de los mayores costos acumulados, aun en pesos.

Goye recordó que el contrato fue rescindido por la CEB en diciembre de 2004, cuando quedó en evidencia que la empresa Arlon SA "había ocultado su condición de concursada". Dijo que por esa cuestión la Cooperativa espera todavía la aplicación de una multa a la contratista.

A partir de entonces la obra fue retomada por la propia CEB con asistencia financiera del DPA y está a punto de ser concluida.