Francis González lleva nueve meses en España y tiene miedo de salir a la calle. Teme que el endurecimiento de las sanciones contra la inmigración ilegal aprobado por la Unión Europea conduzcan irremediablemente a su deportación. "Apenas me muevo de casa. No quiero que un policía pueda pedirme los documentos legales de trabajo, que no tengo'', cuenta. González es una nicaragüense de 30 años que dijo haber dejado su trabajo como profesora universitaria y venido a España para tratar de ampliar sus estudios como licenciada en ingeniería agrónoma.

Pero la suerte le fue esquiva. No encontró un empleo relacionado con su profesión y se quedó en el país ilegalmente, trabajando en el servicio doméstico, sin contrato, sin cobertura sanitaria y sin el amparo de la ley. "Hay gente que viene a delinquir y estoy de acuerdo con que se les expulse. Lo que no pueden es agarrar a la gente en masa y echarla, sin conceder una sola oportunidad'', comenta.

Las nuevas normas europeas prevén hasta 18 meses de retención para una persona sin papeles mientras se tramita su repatriación, la posibilidad de retener a menores no acompañados y la prohibición de volver a pisar territorio europeo durante cinco años.

El gobierno español insiste en que nada va a cambiar y en que no se van a multiplicar las expulsiones ni la policía va a perseguir a los inmigrantes. "No entiendo las críticas que he leído sobre supuestas violaciones de los derechos humanos. Esta directiva, como la ley española, es garantista y define la inmigración como un fenómeno positivo'', dice Diego López Garrido, secretario de estado para la UE del gobierno español.

La presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos (AICODE) Elvyra Pabón, colombiana que asesora a indocumentados, no acepta ese argumento y sostienen que no hay garantía alguna de que los españoles no retendrán más de 60 días a un indocumentado. "Dicen que no cambia nada, pero pasar de 40 días a 18 meses de internamiento me pone la carne de gallina'', afirma . "Lo llaman retención, pero la realidad es que están encerrados como delincuentes''.

Javier González es ecuatoriano y, a sus 41 años, ya sabe lo que es ser deportado. Emigró hace ocho años a Estados Unidos y fue expulsado. Decidió probar suerte en España y, tras dos años con trabajos más o menos estables, la crisis económica le ha pasado factura. Ahora está desempleado y se siente perseguido. "No tengo la residencia legal y para ir a la cárcel, prefiero volver a mi país'', reconoce el sudamericano, quien no tiene parentesco alguno con Francis González.

De los 27 socios comunitarios, España es el principal receptor de emigrantes latinoamericanos. Más de un millón residen de forma legal y unos 700.000 en forma irregular. En toda la UE, se estima que hay unas tres millones de personas de América Latina. (AP)