El 9 de junio pasado, a tres meses de iniciado el conflicto con el campo, la presidenta de la Nación anunció el Programa de Redistribución Social, por el cual se asigna destino a un porcentaje de lo que se espera recaudar a través del esquema de retenciones móviles a las exportaciones de productos agropecuarios.
Las finalidades de ese programa son: el financiamiento de la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud; la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales y la construcción, reparación, mejora o mantenimiento de caminos rurales. Según lo expresado por la propia mandataria en su discurso de ese día, en materia de salud se prevé "...la construcción de 30 hospitales de complejidad cuatro en distintas partes del país. También más de 300 centros de asistencia primaria a la salud".
El programa va a financiarse con los recursos provenientes de los derechos de exportación a la soja que superen el 35% neto de las compensaciones fijadas por las resoluciones 284/08 y 285/08 del Ministerio de Economía, a distribuir 60% para los hospitales, 20% para viviendas y 20% para caminos. Para Salud, se espera que serán unos 480 millones de dólares en el 2008 y 780 millones de dólares en el 2009.
No existiendo una planificación previa, la presidenta también anunció que en dos semanas, a partir de ese día, dicho plan estaría concluido. A la fecha, ello no sucedió.
Sin entrar en la cuestión, aunque absolutamente relevante, de la intencionalidad del anuncio de este programa y su utilización propagandística en medio de un conflicto político y social mayúsculo, lo prometido en materia sanitaria genera opiniones críticas. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino ha señalado, acertadamente, que el mayor problema no es la construcción de más infraestructura sanitaria, que en este caso se realizaría con recursos federales, sino sostener su funcionamiento, responsabilidad que recae en los presupuestos provinciales, que en su gran mayoría, y sobre todo en las regiones con mayores problemas sociales, sufren ya serias insuficiencias.
Para muchos analistas, además, estas dificultades presupuestarias provinciales se verían agravadas por la disminución de recursos coparticipables que implica la aplicación del sistema de retenciones tal como se lo ha impuesto.
En segundo lugar, el Idesa señala que si se busca disminuir la brecha de la iniquidad social, algunas medidas de saneamiento básico tendrían seguramente mayor impacto en materia de salud pública; por ejemplo, la provisión de agua potable o el desarrollo de sistemas cloacales.
En la escala poblacional, es bien conocido que la oferta de camas hospitalarias sólo se relaciona parcialmente, y bajo determinadas condiciones, con el mejoramiento de los niveles de salud. Otros factores, socioeconómicos, de infraestructura y culturales, son más relevantes y con mayor capacidad de transformar la realidad en menor tiempo.
Pero los edificios, a diferencia de las redes de agua potable o las cloacas, tienen la ventaja política que se inauguran a la vista de todos.
En cualquier caso, y ésta es la cuestión de fondo, la decisión de construir estos hospitales no está respondiendo tampoco a una planificación de la infraestructura sanitaria, en el marco de políticas de mediano y largo plazos en la materia, las cuales sin duda deberían contemplar la heterogeneidad de la realidad sanitaria nacional y la decidida incorporación de las políticas de salud al concepto de desarrollo social y productivo del país.
La crisis del sistema de salud dista mucho de resolverse con inauguraciones y lanzamientos de programas de atención para cada patología del extenso repertorio médico (en las que los interesados logren hacer el lobby necesario), aunque ello agrade a distintos grupos de votantes.
La propia organización del sistema, algunos de cuyos aspectos relevantes hemos comentado aquí en notas anteriores, requiere de una reformulación profunda, laboriosa y compleja. En el plano macro, fundamentalmente respecto de su organización, su financiamiento y el capítulo siempre pendiente de la integración entre diferentes subsectores, tanto en el aseguramiento como en la prestación. En el plano de la gestión, modificar las reglas de juego en función de eficiencia, accesibilidad y cobertura; enfatizar en la capacitación y el estímulo del personal y garantizar los niveles de calidad requeridos.
Lamentablemente, el caso de este Programa de Redistribución viene a reiterar el valor meramente instrumental, discursivo, del problema sanitario en la retórica política. Haber renunciado a la voluntad de reformar el sistema, en función de las implicancias políticas de ese proceso es, de por sí, grave. Hacerlo cuando además existen condiciones de financiamiento más adecuadas (nunca serán óptimas), lo es doblemente.
Otros analistas han señalado también la variabilidad de los fondos a invertir, lo cual limita las posibilidades de programación, y el riesgo de la eventual disminución de los mismos sin que quede claro en el decreto respectivo cómo se zanjaría eventualmente esta situación.
A propósito de esto, en el momento de escribir estas líneas la presidenta ha anunciado el envío de un proyecto al Congreso para obtener, en ese ámbito, el aval necesario para la aplicación del sistema de retenciones móviles, a todo o nada. Se abre ahora, entonces, un interrogante respecto del futuro del Programa de Redistribución. Si los legisladores no aprueban lo que exige el Poder Ejecutivo, ¿ello significará también el fin de los hospitales de la soja?
JAVIER O. VILOSIO (*)
Especial para "Río Negro"
Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas. Ex secretario de Salud de la Provincia de Río Negro
